“Esto significa que la industria nacional tuvo la capacidad de ajustarse a la nueva realidad que estaba viviendo el país”, señalóel director ejecutivo del ICHA.

En su primera versión de Encuentros de Acero del año, el director ejecutivo del ICHA, Juan Carlos Gutiérrez entregó la cifras de consumo aparente de acero en Chile de 2020 y las proyecciones para 2021. En este sentido señaló que el año pasado terminó con una caída del 16,1% cifra menor a las proyecciones iniciales, mientras que la producción de acero se redujo en un 4%. Sobre esta última cifra, Gutiérrez señaló que “esto significa que la industria nacional tuvo la capacidad de ajustarse a la nueva realidad que estaba viviendo el país”.

El Consumo Aparente de Acero (Aparent Steel Use) que refleja la actividad de la industria del acero en un período de tiempo, dado que corresponde a la totalidad de productos de acero laminado que resultan de la producción local, más las importaciones y descontando las exportaciones del país, en un período de tiempo.  Este índice es de uso internacional, por lo tanto, se pueden realizar análisis y comparaciones tanto internas como externas.

Desglosado por familia de productos, la caída en productos largos fue de un 12,2%, los planos vieron reducido su consumo aparente en un 17,5% mientras que los tubos lo hicieron en un 67,1%.

Los productos de acero estructural representaron un 36% del mercado, manteniendo la proporción de los últimos cinco años, y su consumo aparente fue de 850.000 toneladas en el año 2020, mientras que el del acero no estructural totalizó 1.518.000 toneladas.

Para 2021, el director ejecutivo del ICHA señaló que se espera una recuperación del consumo aparente de acero que fluctuaría entre un 6,6% y un 9,6%, estimulado principalmente por los proyectos en construcción y minería. Al respecto indicó que “se espera que el sector del acero tenga la capacidad de responder a la mayor demanda que se proyecta para este año de reactivación”.

En el encuentro también participó el gerente general de la Corporación de Bienes de Capital, Orlando Castillo, quien se refirió a la inversión en construcción en 2020 y las proyecciones para el quinquenio 2020-2024. Señaló que el cuarto trimestre del año pasado terminó con una fuerte recuperación totalizando una proyección equivalente a 64.172 millones de dólares, similar al nivel registrado en igual período de 2019. Esto, dijo “impulsado por el sector de obras públicas que registró su nivel de gasto más alto en su historia reciente”.

Si bien Castillo informó que los proyectos de inversión en 2020 terminaron con una cartera un 6% menor a la de 2019, se estima que en 2021 el crecimiento será de un 8% totalizando 17.414 millones de dólares. Explicó que la minería sostiene buena parte de la cartera de inversiones para este año con una inversión proyectada de casi 7.000 millones de dólares cifra similar a la que se registraría en 2022.

Respecto de la cartera de inversiones en obra públicas, el ejecutivo indicó que la proyección para el quinquenio es muy buena, en parte gracias a los 4.500 millones de dólares comprometidos por el estado como parte de su plan de recuperación de empleo producto de la crisis generada por la pandemia. A la inversión pública, se espera que el sector privado aporte otros 8.000 millones de dólares lo que equivaldría al 43% de la cartera de inversiones para el período 2020-2024.

El sector inmobiliario, este debería crecer en un 20% este año. “Este no es un sector que se haya detenido, lo que demuestra la intensión de los mandantes por desarrollar los proyectos y particularmente los vinculados a la vivienda, que corresponden al 80% de la inversión proyectada”, señaló Orlando Castillo. Al respecto advirtió que” si todos estos proyectos se concretan de manera simultánea y dado que venimos con dificultades de stock, puede que el abastecimiento de materiales para la construcción se constituya en un cuello de botella”.

Respecto del porcentaje de participación sectorial en la cartera de inversiones 2020-2021, el 38% corresponde a proyectos mineros, un 29% a obras públicas, un 14% a proyectos de energía especialmente renovables no convencionales y un 12% al sector inmobiliario, lo que totaliza un 91% de los proyectos de inversión proyectados para el período.

Durante este “Encuentros de Acero” ICHA informó que comenzará a publicar para sus socios un informe trimestral del consumo aparente de acero y sus proyecciones. La versión completa del encuentro la puede ver en nuestro canal de Youtube.

El ingeniero civil industrial, Pablo Ivelic, sucederá a Vicente Domínguez para continuar impulsando la productividad y la sustentabilidad de la industria de la construcción.

Luego de una prolífica gestión de parte del empresario, dirigente gremial y consultor, Vicente Domínguez, el CEO de Echeverría Izquierdo, Pablo Ivelic, será quien encabece el Consejo Directivo del Programa Estratégico Nacional en Productividad y Construcción Sustentable impulsado por Corfo, Construye2025, administrado por el Instituto de la Construcción.

El ingeniero civil tendrá la misión de continuar transformando a la industria de la construcción para volverla más productiva, innovadora y sustentable. “Como industria tenemos varias brechas que cubrir. Estamos bastante atrás con respecto a otros rubros. Esta institución que aúna esfuerzos públicos y privados para pensar la construcción con una visión de futuro es valiosa y estoy feliz del llamado a aportar desde esa arista”, afirmó Pablo Ivelic, CEO de Echeverría Izquierdo.

Mejor rendimiento, mayor control, menores residuos y toma de decisiones más eficientes son objetivos que Ivelic ya ha venido persiguiendo desde el mundo privado, por lo que el desafío de articular esfuerzos de todos los actores involucrados en la industria de la construcción no será algo nuevo para para su rol como presidente de Construye2025. “Tenemos que asumir el desafío en forma conjunta. La construcción es un rubro muy fragmentado, tenemos que superar eso y abordar la productividad con innovación”, agregó.

Igual de contento, tras los avances alcanzados durante los años en que le tocó presidir el Consejo Directivo, se mostró Vicente Domínguez, quien cree que la productividad en el sector de la edificación ha ido adquiriendo la prioridad que debe tener, tanto en los organismos del Estado y académicos como en aquellos de  representación gremial.

“También considero muy positivo que hayan cobrado vida activa los temas centrales de la industrialización, en particular con el trabajo de Consejo de Construcción Industrializada (CCI), la digitalización en la elaboración de proyectos y revisión de estos  con programas como Planbim y DOM en Línea y los temas de sustentabilidad relacionados con la economía circular y el manejo de los residuos. Asimismo, es muy valiosa la consolidación de un equipo de trabajo que no solo tienen la voluntad y mística necesarias, sino conocimiento y experiencia relevantes, con la seriedad que dan la Corfo y el Instituto de la Construcción”, comentó el presidente saliente.

En este contexto, Marcos Brito, gerente de Construye2025, valoró la impronta de Vicente Domínguez como artífice del programa. “En nombre del equipo, agradezco enormemente su compromiso y visión estratégica para nuestra hoja de ruta y sus iniciativas. Este cambio, esperamos que sea, sin embargo, una oportunidad para renovar nuestra visión, sumar nuevas fuerzas y llegar más profundo en los cimientos de la construcción misma, actividad que necesita ahora más que nunca antes una renovación en su paradigma productivo. Con todo, estamos muy entusiasmados con la llegada de Pablo Ivelic a la gobernanza de Construye2025”, dijo.

Asimismo, el presidente del Instituto de la Construcción, Miguel Pérez, destacó la “generosa dedicación” de Domínguez al desarrollo del programa. “El Instituto de la Construcción (IC) se ha comprometido con el programa Construye2025, no solo como entidad gestora, sino que además con el desarrollo, profundidad de los temas que en él se tratan y objetivos propuestos, todo esto con la finalidad de impulsar la innovación y la productividad en la industria de la construcción, misión que comparten el programa y el IC”, recordó.

Debido a lo anterior, Pérez explicó que era necesario buscar un candidato para la presidencia del programa que estuviera a la altura del Past President y que reuniera cualidades para seguir la ruta y profundizar el impacto que el programa ha tenido en nuestro sector. “Sin lugar a dudas, Pablo Ivelic es una persona que reúne todos los requisitos para liderar el camino que debe recorrer el programa Construye2025 en los próximos años. Lo anterior, no solo por la experiencia y conocimiento que tiene Pablo sobre la industria de la construcción, sino que además por su permanente preocupación en materias de productividad e innovación”, detalló.

“Desde Corfo, estamos confiados en que Pablo Ivelic continuará la senda iniciada por Vicente Domínguez, en el impulso a la productividad y sustentabilidad que se ha dado al sector desde Construye2025. Le agradecemos a Vicente y, a través de Pablo, invitamos con más fuerza al sector privado a sumarse a la innovación y los cambios que necesita el sector”, sostuvo Pablo Terrazas, vicepresidente ejecutivo de Corfo.

De esta manera, Construye2025, junto a Corfo y el Instituto de la Construcción seguirán coordinándose, trabajando en estrategias orientadas a lograr una industria más sustentable, productiva y digitalizada, cuyo aporte al desarrollo económico, social y medioambiental del país, sea reconocido en Chile y el mundo.

Ñuñoa y Providencia son las comunas que han concentrado el mayor consumo de suelo, mientras que Macul, Vitacura y Lo Barnechea son quienes presentan la mayor variación en precio.

Para indagar cómo ha sido el aumento paulatino del precio de transacción de suelo para proyectos de densificación,TOCTOC.com –en su Apunte de Ciudad Nº 6- y por medio de su plataforma INFOGIS, analizó cómo se ha visto impactado el consumo y precio de suelo entre los años 2010 y 2019 en las 15 comunas de mayor interés  inmobiliario en el Gran Santiago, las que concentraron el 88% de las ventas de departamentos de la última década.

En ese contexto, el reporte arroja que durante este periodo el precio del suelo ha crecido un 218%, pasando de 18,4 UF/m2 promedio en 2010 a 58,5 UF/m2 en 2019, lo que se traduce en un crecimiento promedio de 15% anual.“El precio del suelo ha estado sometido a una dinámica de significativo crecimiento en los últimos años, el que se vio acelerado desde mediados de 2014, producto del adelantamiento de demanda por la aplicación del IVA para la vivienda, lo que triplicó el consumo de suelo en un año. Este fenómeno ha sido transversal a todas las comunas analizadas, aunque con distintas intensidades”, explica Daniel Serey, Gerente de Estudios deTOCTOC.com.

En cuanto a variación anual de precios, la comuna que mayor crecimiento experimentó fue Macul (558%), que pasó de ser una de las comunas con menores valores UF/m2 de suelo en 2010 a estar en sexto lugar en 2019, solo detrás de las comunas del cono oriente. Por su parte, la comuna de Lo Barnechea aumentó en un 328% su precio de suelo, mientras que Vitacura (462%), Las Condes (295%) y Providencia (193%) muestran velocidades similares en el crecimiento de precios, siendo las comunas en las que más caro se transó el suelo durante 2019, promediando entre 70 a 80 UF/m2, seguido de Santiago y Ñuñoa. San Miguel, por su parte, es la comuna que experimenta mayor estabilidad en sus precios de suelo.

“Algo interesante a destacar es que Ñuñoa y Santiago muestran evoluciones muy similares, con un ritmo de crecimiento algo mayor al resto de las comunas. Lo anterior es coherente con que ambas han concentrado la venta de departamentos en los últimos años y donde Ñuñoa destaca, además, por ser la comuna que más superficie ha transado (571 mil m2) y que mayor porcentaje de su territorio comunal se ha densificado en los últimos 10 años, dinámica que se ha acelerado en lo más reciente con el cambio normativo que limitará altura”, detalla Serey. 

Desde un punto de vista territorial, el análisis destaca que hasta 2017, el consumo se concentró en mayor medida en distintos sectores de Ñuñoa y Providencia, mientras que en 2018, comienza a aparecer mayor consumo de suelo en Macul, Santiago Oriente, junto con un reforzamiento de Providencia. Sin embargo, a pesar de que el consumo territorial durante este periodo se centró principalmente en las comunas de Ñuñoa, Providencia, y algunos sectores del cono oriente y Santiago, no sigue la misma dinámica la distribución de precios, identificándose otras zonas como hot spot de precios altos de suelo.

“Este aumento paulatino del precio de transacción del suelo, es coherente con la evolución del precio de la vivienda en estas comunas. Sin embargo, no hay evidencia concluyente sobre si el aumento del precio de la vivienda provocó el aumento de precio de suelo o viceversa”, señala el ejecutivo deTOCTOC.com.

Su desempeño en el cuarto trimestre del año pasado superó las perspectivas con un récord desde la crisis del 2008/09.

El consumo de acero en diciembre registró un aumento del 10% con respecto al mes anterior y del 16% en comparación con el mismo mes de 2019, llegando a un acumulado de 58,9 millones de toneladas (Mt), y con el indicador mensual más alto desde marzo de 2017.

En un período de contracción global muy superior a lo registrado desde la crisis financiera del 2008/09, América Latina busca consolidar su recuperación en medio de un escenario económico desafiante. El consumo en el año 2020, sin embargo, registró una caída del 9,6% respecto a 2019, debido a la contracción de la actividad industrial en los meses de confinamiento estricto.

La participación de las importaciones en el consumo de diciembre del año pasado (35%) estuvo por encima del valor registrado en los últimos 5 meses (27-30%), influenciado por una fuerte demanda. Por otra parte, la participación de las importaciones en el consumo del año cerró en 33%, quedando por debajo del rango de 35-37% de años anteriores. 

Las exportaciones de diciembre de 2020 crecieron un 23,6% respecto al mes anterior, acumulando una reducción anual de 19,8%. En consecuencia, la balanza comercial de diciembre registró el mayor déficit del año, principalmente por el aumento de importaciones en México. Sin embargo, el año completo registró una disminución de 10,7%.

En enero 2021, la producción de acero bruto mantuvo su tendencia de crecimiento y alcanzó niveles un 8,7% superiores a los de enero de 2020, llegando a 5,3 Mt. Sin embargo, el exceso de capacidad mundial continúa siendo un riesgo para el consumo interno, que viene creciendo. “Los países de América Latina deben tener la visión de salvaguardar una industria básica, protagonista en la recuperación económica y que emplea a más de 1,2 millones de trabajadores”, dijo Francisco Leal, Director General de Alacero.

La certificación de estos proyectos por el CBI contribuyó a la segunda emisión de Bonos Verdes Soberanos por el país, y fue promovida por la Dirección de Arquitectura del MOP.

El 18 de enero Chile realizó la segunda emisión de bonos verdes soberanos en una operación por un monto aproximado de USD$1.180 millones (euros y dólar), que consideró la cartera de proyectos recientemente certificados por el Climate Bond Initiative (CBI), a los que se le suman el remanente de proyectos certificados en 2019 y 2020 que no fueron incluidos en la primera emisión de bonos verdes.

La cartera de proyectos 2021, por un total de US$369 millones aproximadamente, incluye iniciativas relacionadas con transporte limpio, que aportaron un 56% del total; proyectos de energía renovable en sectores vulnerables (Ministerio de Vivienda) con un 6% del total; y proyectos dependientes del Ministerio de Obras Públicas, entre los que se cuentan iniciativas de Movilidad Sustentable (7%) y Edificios Verdes cuya Unidad Técnica es la Dirección de Arquitectura, que representan un 38% de la cartera y que cuales utilizaron CES como herramienta de validación de reducción de consumos de energía y emisiones.

Esta excelente noticia para Chile tiene muy contentas a las autoridades del Ministerio de Obras Públicas, especialmente de la Dirección de Arquitectura y de la Secretaría de Medio Ambiente y Territorio (SEMAT) y, por supuesto, al Directorio de la Certificación Edificio Sustentable (CES), administrada por el Instituto de la Construcción. “Es una alegría tremenda que hayamos podido colaborar como herramienta de medición en los proyectos de la Dirección de Arquitectura MOP, lo que permitió el aporte de 38% de estos proyectos”, afirmó el jefe de CES, Hernán Madrid.

Los bonos verdes son aquellos donde existe el compromiso del emisor de destinar un monto equivalente a lo recaudado en proyectos con características verdes. El chequeo de esta condición lo hacen entidades externas, las cuales verifican la alineación a los estándares internacionales, así como el beneficio climático de cada uno. En este sentido, los proyectos verdes chilenos recibieron la certificación de la ONG internacional CBI (Climate Bond Initiative).

Desafíos de la certificación
Lograr que CES fuera reconocido como una herramienta válida para cuantificar la reducción de emisiones requirió de un arduo trabajo llevado adelante por el Ministerio de Hacienda, la Dirección de Arquitectura MOP y la Administración de CES, en la que se debió superar un proceso de auditoría llevado a cabo por la agencia francesa Vigeo Eiris para validar las metodologías técnicas incorporadas en la herramienta.

Por ello, la certificación por Climate Bond Initiative y la emisión de bonos verdes soberanos viene a ratificar el enorme trabajo que ha realizado la Dirección de Arquitectura MOP, incorporando la exigencia de Precertificación (diseño) y Certificación (obra) del sistema nacional Certificación Edificio Sustentable (CES) en los términos de referencia de las licitaciones públicas. 

“Este resultado es de gran valor para la Dirección de Arquitectura del MOP, a nivel regional y central, donde hubo un destacado trabajo con la SEMAT y CES. Gracias a la gestión integrada, realmente constituimos un equipo interdisciplinario de trabajo”, afirmó la vicepresidenta del Comité Directivo de CES y jefa del Departamento de Construcción Sustentable de la Dirección de Arquitectura del MOP, Margarita Cordaro. 

¿El siguiente paso? La Directora General de Obras Públicas, Mariana Concha, adelanta que Chile ya está avanzando en la certificación de proyectos en los aeropuertos, que tienen características de edificación pública. “Esperamos que todos ellos se certifiquen, esa va a ser una línea de desarrollo muy importante en los próximos años. Pero también quisiéramos que haya una certificación en sustentabilidad para otro tipo de obras, no solamente para las de edificación y ahí tenemos que pensar con el Instituto de la Construcción en una para obras civiles”, dijo.

En paralelo, la DGOP, que lidera Mariana Concha, continúa buscando la economía circular, adecuando todos los proyectos de diseño desde el inicio, con criterios de reutilización de los residuos de la construcción. Además, Chile está apostando por la minimización de los insumos naturales como material granular o combustible, en definitiva, que el proceso de diseño contemple la minimización de todos los insumos y de todos los consumos energéticos.

Para dar cumplimiento a los compromisos de la hoja de ruta para gestionar los, incluirá un plan de gestión en todas las obras.

El MOP, a través de la Dirección General de Obras Públicas (DGOP), dio el puntapié inicial para la implementación de los compromisos establecidos en la Hoja de Ruta RCD y Economía Circular en Construcción 2035, que la Dirección General de Obras Públicas (DGOP) del MOP ha impulsado fuertemente. “Este plan de gestión, además de ser una herramienta para conocer de manera sistematizada los residuos que generan nuestras obras, nos permitirá -en el corto plazo- conocer datos respecto de los residuos generados por cada tipo de obra ejecutada por este ministerio, conociendo la trazabilidad y destino final de éstos”, explica Mariana Concha, directora general de Obras Públicas del MOP.

Dicha información será fundamental para futuras metas de reducción, reutilización e incluso para abrir nuevos mercados de productos derivados de los residuos que se generan en la industria. “Como DGOP esperamos que esta información sea un gran aporte para la innovación y la reutilización de materiales en las obras públicas y para cambiar el paradigma. Residuo no es igual a desecho”, añade la autoridad del MOP.

La incorporación del plan de gestión de residuos en los Términos de Referencia y Bases de Licitación del MOP nació de un proceso participativo derivado de la creación de la Mesa MOP de Economía Circular impulsada por la DGOP, en 2019. Una de las primeras metas trazadas en esa instancia fue contar con el plan, que fue trabajado y consensuado con todas las direcciones operativas del MOP. “Este proceso contó con la colaboración permanente del programa Construye 2025, entregando directrices y ejemplos de otros países en estas materias”, comentó Mariana Concha.

La incorporación del plan será paulatina. Sin embargo, se ha comprometido la exigencia en más del 80 % de los nuevos contratos de este año. “Para 2022, en el 100% de los contratos nuevos se estarán implementando. No se contemplan salvedades o excepciones, sólo que la exigencia regirá para contratos nuevos”, aclara la directora general de Obras Públicas.

El plan de gestión considera medidas y procesos sistematizados para el adecuado manejo y la trazabilidad de residuos, en cumplimiento con la normativa ambiental vigente y apunta a favorecer su reducción, reutilización o reciclaje. Antes del plan se imponía la disposición en sitios autorizados, pero sin incentivos a la reducción o revalorización.

En este sentido, Mariana Concha, valora contar con una línea base de información de los residuos generados por tipo de obra y por región, pensado en la economía circular. Además, mejorando la trazabilidad de los residuos se evitará la eventual disposición ilegal de estos materiales, dice Mariana Concha.

El rol de la SEMAT

La Secretaría de Medio Ambiente y Territorio de la DGOP juega un gran papel en la implementación de esta nueva instrucción. Ella entrega lineamientos y asesoría que facilitan la gestión en materias ambientales y de asuntos indígenas a las direcciones, a las seremi y a las autoridades superiores del Ministerio de Obras Públicas. Éstos son replicados a nivel regional por las Unidades de Gestión Ambiental y Territorial (UGAT).

Asimismo, la SEMAT ha tenido un rol clave en la participación del convenio interministerial que construyó la Hoja de ruta RCD y Economía Circular en Construcción 2035, razón por la cual lidera su implementación en el MOP, lo que no hubiera sido posible sin el compromiso de la DGOP y sus departamentos.

Los desafíos

Disponer de la información en línea y de forma oportuna es uno de los retos por delante. Por eso, la directora explica que se trabajará con los profesionales a cargo del Libro de Obra Digital (LOD) de las obras MOP, trabajo que también es desarrollado por la DGOP como parte del plan de mejora de la gestión, digitalización y transparencia que impulsa la dirección general. De todas maneras, en las actuales fiscalizaciones que realiza la DGOP, tanto de contratos como ambientales, se verifica el cumplimiento de todas las exigencias y estándares.

Para los ejecutores de proyectos (contratistas) el desafío será conocer la nueva normativa y adaptarse al cambio y seguimiento de los residuos. En tanto, las empresas de diseño tendrán que incorporar nuevos materiales; mientras que otras empresas podrán desarrollar oportunidades de negocios aprovechando los residuos generados. “Sin duda, este es también un cambio cultural, ya que significa empezar a ver a los residuos como subproductos o insumos en el ciclo de economía circular de la construcción y, para eso, debemos cambiar las filosofías de diseño y constructivas”, argumenta Mariana Concha.

Finalmente, otro de los grandes retos para la implementación de la Hoja de Ruta RCD y Economía Circular en Construcción 2035 es avanzar hacia la creación de incentivos en las licitaciones de obras, para los contratistas que cuenten con criterios sustentables como, por ejemplo, reutilización del material, cálculo de huella de carbono, compromisos con la comunidad y/o certificaciones. Esto sumado a la promoción de la innovación y los nuevos acuerdos de producción limpia (APL).

“Unos de los ejes de la Hoja de Ruta RCD es desarrollar estándares para el diseño y metodologías de la evaluación de proyectos públicos que incorporen criterios de economía circular, reparación, reutilización, remanufactura, entre otros, incorporando nuevos pilotos y ensayos con materiales reciclados en las obras públicas para fomentar su utilización, incluyendo estas alternativas en nuestro manual de carreteras y/o trabajando en las modificaciones normativas que corresponda. Para esto existe un gran compromiso de los Departamentos de la DGOP, donde destacan la SEMAT y SIT (Secretaría de Innovación Tecnológica)”, puntualiza la directora.

Ya en este camino, la aspiración de las autoridades del MOP es que iniciativas como ésta se repliquen y masifiquen para seguir avanzando hacia obras que se ejecuten con criterios de economía circular.

ICHA impulsó la conformación de un comité cuya misión era estudiar e impulsar la realización de una norma chilena.

Con la publicación de este Decreto Exento, culmina un trabajo iniciado por el ICHA en 2014 cuando realizó el primer Monitoreo Técnico de la Calidad de Parrillas de Piso y cuyos resultados arrojaron que el 50% de las muestras testeadas presentan graves deficiencias en los ensayos de carga, lo que podría desencadenar deformaciones superiores a las esperadas en las estructuras. Además, el 67% presenta incumplimiento en la geometría y espesores.

Motivado por estos resultados, ICHA impulsó la conformación de un comité cuya misión era estudiar e impulsar la realización de una norma chilena actualizada que regulara los requisitos mínimos de diseño, fabricación y comportamiento de parrillas de piso. Así, en 2018 se presentó al INN un borrador de norma chilena actualizada relacionada con este producto con el fin de avanzar en materias de seguridad, productividad y calidad de las construcciones.

Más de un tercio de consumo de energía y agua ahorraría este proyecto, el primero para venta o arriendo de oficinas en ingresar a CES.

Así como ha cambiado la forma de trabajar en la oficina, también han cambiado el diseño, la arquitectura y la construcción. Un ejemplo de ello es el proyecto Majestic, el primer edificio de inmobiliaria para venta o arriendo de oficinas que ingresa al proceso de certificación CES y está emplazado en Santo Domingo esquina Av. San Martín, en pleno centro de Santiago. 

Durante el proceso de diseño, los consultores de B-Green han acompañado a los mandantes de este edificio de oficinas de plantas libres que incorporó la sustentabilidad en etapa temprana.

Con siete pisos, Majestic cuenta con una primera planta de locales comerciales y oficinas para arriendo desde el piso dos hasta el siete, además de tres plantas de subterráneos de 1.700 m2 cada una. “Una de las características es la envolvente de vidrio con muro cortina. Lo primero que analizamos fue esa envolvente, para dar cumplimiento a lo que exige CES. Al ser una envolvente térmica vidriada donde su fachada principal da hacia el norte era importante sombrearla para disminuir la ganancia térmica”, explica el asesor CES de B-Green, Cristián Gutiérrez.

El diseño de esta infraestructura consideró protecciones solares materializadas en un cristal de alto rendimiento que reduce la transferencia de calor, como es el KNT 140 que tiene un factor solar de 0,28. “Eso permite reducir la radiación solar que ingresa al edificio y con ese tipo de cristal más las protecciones solares teníamos, conseguimos una reducción importante de radiación”, comenta Gutiérrez.

De esta manera los 7.800 m2 de oficinas y los 1.500 m2 de locales comerciales del proyecto Majestic disminuyen la demanda de energía, mediante una estrategia pasiva. Al tratarse de oficinas de arriendo, los mandantes evalúan -en conjunto con sus asesores- una reducción en la potencia eléctrica: “optamos por una reducción de 30%, dado que eso va a quedar estipulado en un reglamento de copropiedad. La luminaria generalmente uno la deja instalada, pero, esto quedará en el reglamento que los arrendatarios van a tener que respetar, respondiendo a la reducción de energía”, señala el asesor CES de B-Green.

Igualmente, el diseño del proyecto contempló artefactos sanitarios y griferías de consumo eficiente, apuntando a una reducción de 40% en el uso del agua. Todos los análisis se hicieron mediante imágenes de modelación, en un software que permite calcular la demanda y consumo de energía, para entregar resultados de iluminación natural. Tras modelar el proyecto e ingresar toda la información, se definió el uso de varios muros de hormigón armado y mucho vidrio. “La gran envolvente es el vidrio. Había que seleccionar uno que cumpliera con los estándares que se requieren, ya que mientras más disminuye el consumo de energía mucho mejor”, concluye Cristián Gutiérrez.

Ficha técnica
Mandante: Inmobiliaria y Constructora Santa Ana S.A.
Arquitectos: José Tuca Garcés, Alex Brahm y Jorge Nordenflycht
Asesores: B-Green
Entidad Evaluadora: CIAES de la Universidad Católica del Norte

Colegio de Arquitectos propone que se evalúen los procedimientos de evacuación para replicar u optimizar sus resultados.

El concepto de la accesibilidad ha ido evolucionando. A principios del siglo XXI se asociaba a las mejoras de los entornos físicos, relacionando esta característica a la eliminación de obstáculos y la supresión de barreras arquitectónicas.

Sin embargo, la mirada ha cambiado hacia un concepto integral y multidimensional, concibiéndose como las condiciones que deben cumplir tanto los espacios físicos y virtuales, como los servicios y equipamientos para permitir a todas las personas su uso y disfrute de la manera más autónoma y segura posible, en igualdad de condiciones, proyectando así el bienestar de la sociedad en su conjunto.

Según el Estudio Nacional de Discapacidad SENADIS Chile, 2015, el 16,7% de la población chilena vive con alguna condición de discapacidad, es decir 2.836.818 personas. El 36,9% de esta cifra tiene una discapacidad física; 3,7% del habla; 4,1% Siquiátrica; 5,4% mental; 8,2% auditiva; y 11,9% visual.

Asimismo, los tres grupos poblacionales identificados con movilidad reducida son adultos mayores sobre 60 años, mujeres en avanzado estado de gestación y familias con niños hasta 3 años; y personas obesas o de talla grande. En total, quienes hacen uso de la accesibilidad pueden superar el 40% de la población.

Planes de evacuación

El urbanismo es la planificación y ordenación de las ciudades, por lo tanto, es fundamental que existan planes de accesibilidad a nivel comunal, para las ciudades a objeto que todas las intervenciones que se efectúen, especialmente en el espacio público, sean accesibles.

La alerta de tsunami emitida por la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior (ONEMI), el pasado 23 de enero y la posterior evacuación que realizaron los habitantes de las ciudades emplazadas en el borde costero de nuestro país, evidenció importantes problemas en la evacuación de los grupos vulnerables como niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

Cecilia Leiva, presidenta del Comité de Accesibilidad Universal del Colegio de Arquitectos de Chile, señala que al parecer, no existe una planificación adecuada para este tipo de eventos.

“Nos hemos dado cuenta que no hay planes y procedimientos preventivos claros de evacuación en los desastres, orientados a grupos vulnerables y especialmente a personas con discapacidad, a pesar de que es algo muy importante para facilitar las operaciones durante el evento y posterior etapa de traslado de las personas a zonas seguras”.

En este sentido, agrega que “el episodio ocurrido a raíz del anuncio de tsunami de la ONEMI en el 27F, así como los incendios forestales de las cercanía de Valparaíso y el aluvión en las zonas altas del Cajón del Maipo, se puede transformar en forma positiva al evaluar los sistemas de evacuación aplicados, la continuidad de la cadena de accesibilidad desde los hogares de las personas con discapacidad hasta el establecimiento que los acoge y considerar un procedimiento especial para las personas que no son autovalentes”.

Al respecto, este colegio propone que se analice dicha experiencia de evacuación, a objeto de evaluar a nivel comunal sus procedimientos y organización, estudio que solicitan sea dado a conocer públicamente para replicar, mejorar y optimizar sus resultados.

“El desafío es dar una solución a las personas con discapacidad, considerando su reacción y posibilidades, para lo cual es necesario tener en cuenta la diversidad de personas afectadas, las que usan silla de ruedas, las que adolecen debaja visión o de ceguera total, aquellas que necesitan de perros guía, las que sufren de sordera, los mayores que sin sufrir de discapacidad, en algunos casos, tienen disminución de la movilidad, visión y audición, personas de baja estatura como niños, entre otros. Es una oportunidad para construir ciudades más humanas que posibiliten convivir a todas las personas en igualdad de oportunidades, derechos y obligaciones y que, a su vez, brinden la debida seguridad”, agrega Cecilia Leiva.

Es primordial comprender en profundidad que una construcción histórica presenta características muy distintas a las de una construcción nueva.

Poco antes del terremoto de febrero de 2010, diversos profesionales, en especial arquitectos e ingenieros, habían detectado la necesidad de tener un marco regulatorio y técnico para el diseño y construcción de restauraciones patrimoniales en tierra cruda, trabajo que aceleró su proceso luego de que el 27/F dejara en evidencia la imperiosa necesidad de contar con una marco regulatorio, una normativa y conocimientos profundos que permitieran tener una capacitación técnica para recuperar efectivamente los inmuebles patrimoniales a lo largo del país.

Para ello, el Instituto de la Construcción (IC), a solicitud de los Colegios de Ingenieros y el de Arquitectos, creó la Comisión de Construcción Patrimonial en la cual participaron, de manera transversal, distintas instituciones ligadas a la construcción, entre ellas, el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN).

“Esta Comisión generó una filosofía y una metodología de trabajo en torno a la construcción patrimonial. De esta manera y respondiendo a la carencia de reglamentación y normativa, en especial en el área de estructuras. Entre varias de las tareas más urgentes enfrentadas, se trabajó intensamente en crear un borrador de norma que regulara el diseño estructural de edificaciones en tierra cruda. Para ello contó con un decidido apoyo del CMN. Este borrador se sometió posteriormente a su desarrollo en el Instituto Nacional de Normalización (INN) para transformarlo en norma chilena. De la misma manera, y luego de otra larga y compleja gestación, se estudió un borrador de norma que abarcara diversos materiales que no fueran tierra cruda”, señala Sergio Contreras, Presidente Comisión de Construcción Patrimonial del IC.

El resultado de ambos trabajos fue la emisión de la NCh3332, publicada el año 2013, que establece las bases fundamentales para llevar a cabo intervenciones en construcciones patrimoniales de tierra cruda; y la NCh3389, publicada en febrero de 2020, que establece los requisitos, procedimientos y parámetros mínimos para la intervención de construcciones patrimoniales y edificios existentes, e incluye disposiciones para el análisis e intervención en edificios con tipologías constructivas tales como albañilería, madera, acero y hormigón.

“Aunque esta normativa permite que muchas construcciones patrimoniales chilenas puedan ser recuperadas, el ordenamiento jurídico actual en la construcción, junto a la falta de recursos adecuados para los organismos fiscalizadores y a un poco conocimiento especializado de los profesionales, dificulta su aplicación plena y genera una gran lentitud y dificultad, con el consecuente sobrecosto, en la tramitación de proyectos en este ámbito. Es comprensible que estas tramitaciones configuren una dificultad, muchas veces insuperables, para diversas instituciones o personas que se enfrentan a un sinnúmero de exigencias que a veces ni siquiera entienden”, añade Sergio Contreras.

Sin embargo, el problema surge a partir de muchas aproximaciones que se deben considerar para resolverlo. La primera de ellas y la más urgente es contar con especialistas entrenados y para exponer el problema de manera correcta a partir de una experticia compatible con las obras que se necesita intervenir y, de la misma manera, es necesario tener personas de similar capacidad por parte de la autoridad.

También es necesario contar con especialistas en las distintas áreas que se van a intervenir. Para esto, es primordial comprender en profundidad que una construcción histórica presenta características muy distintas a las de una construcción nueva.

“Los profesionales que causan un mayor impacto dada la naturaleza de su investigación son los arqueólogos, quienes necesitan plazos distintos al resto de los participantes de estos proyectos, dada la naturaleza de su disciplina; sin embargo, este hecho tiende a aislarlos de la realidad inmediata y, aunque sea justo y necesario, no puede de manera alguna ocultar y desviar el desarrollo oportuno y eficaz de las obras con las cuales interactúan. En este sentido, es atendible la reclamación de los gestores y administradores de esos proyectos, en especial las obras públicas”, comenta el presidente de la comisión del IC.

Para resolver esta dicotomía y poder lograr una solución de consenso debidamente equilibrada, cobra importancia el ordenamiento jurídico adecuado para que se salvaguarde el objetivo y el proceder de la investigación arqueológica e histórica y que, a su vez, se respeten las necesidades de los proyectos en sus aspectos de arquitectura e ingeniería frente a las proposiciones que los especialistas plantean.

Por otra parte, es también importante considerar el hecho de que la destinación de recursos debe ser equilibrada. Si se centra la atención en una importante pérdida de recursos debido a las exigencias de la investigación que extiende plazos y aumenta costos, una parte de estos recursos se podrían entregar a los organismos del Estado encargados de resguardar los bienes patrimoniales, a fin de mejorar su equipamiento y su personal de manera que entreguen un servicio aún más eficiente y ágil.

“Finalmente, debemos reflexionar sobre la poca y quizás nula voluntad para apoyar estudios, normativas y reglamentaciones que permitan a los profesionales realizar su trabajo de manera ordenada, informada y regulada. Hasta ahora, la mayoría de los documentos regulatorios que existen, y en los cuales hemos participado como institución, han sido logrados con un enorme esfuerzo y una gran convicción de parte de todos los profesionales que han colaborado para sacarlos a la luz, enfrentando muchas veces resistencias desde la burocracia establecida”, indica Sergio.

El desafío, por lo tanto, es seguir trabajando para que las normativas y regulaciones vigentes puedan ser conocidas y utilizadas de manera seria y eficiente, pues ellas están destinadas a mejorar el conocimiento y la calidad de la construcción, y no para entorpecer su aplicación en los proyectos.

Proyectos e iniciativas que integran el concepto de construcción sostenible, son altamente valoradas por contribuir al hábitat y bienestar de las personas.

La banca ética o banca social se denomina a las instituciones financieras que invierten en proyectos que generan un impacto positivo a nivel social y medioambiental, cuyos criterios de inversión están alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible definidos por la ONU en 2015.

El foco de la banca ética está en 3 áreas fundamentales de la economía: Educación y cultura; desarrollo e inclusión social; naturaleza y medio ambiente.

En esta última área, proyectos e iniciativas que integran el concepto de construcción sostenible, ya sea en edificaciones públicas, comerciales o residenciales, son altamente valoradas por contribuir al hábitat y bienestar de las personas.

Justamente para vincular a empresas, evaluadas rigurosamente en impacto y riesgo, con personas que invierten en éstas, obteniendo rentabilidad económica y generando impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente, es que se creó Doble Impacto, una plataforma de inversiones que está haciendo realidad la banca ética en Chile.

“Lo que buscamos es promover productos y servicios que incentiven la construcción de hábitats que sean inclusivos y que permitan mejorar la calidad de vida de las personas, comunidades y territorios, a través de la construcción de viviendas sustentables, la regeneración urbana, el transporte sostenible y la construcción de ciudades inteligentes, impulsando la cooperación al desarrollo, a través del fomento de una economía colaborativa cuyo objetivo sea el desarrollo local de los territorios”, señala Gerardo Wijnant,Responsable Impacto Nacional en Doble Impacto.

Financiamiento

Si bien los montos de financiamiento son variados, Doble Impacto ha apoyado proyectos que van desde los $10 millones hasta casi $1.000 millones, monto que va destinado a capital de trabajo, adelanto de pago de licitaciones públicas de obras, inversiones en activo fijo, tales como maquinarias, equipos, importaciones y también factoring.

“Buscamos entender las necesidades especificas y modelar los créditos de acuerdo a los flujos del negocio respectivo y no con esquemas fijos, sino flexibles, de manera de acompañar a las empresas que optan por un desarrollo sostenible, en sus procesos de consolidación y crecimiento”, agrega Gerardo.

En este sentido, proyectos que contribuyan a la economía circular de la industria son clave. “Nos interesan proyectos que aseguren la disponibilidad de edificaciones, infraestructura y materiales de construcción con criterios de sustentabilidad en todo su ciclo de vida. Al mismo tiempo, que minimicen el nivel de emisiones generadas, el consumo energético de las edificaciones y que revaloricen los residuos de la construcción, logrando desincentivar el uso de vertederos, muchas veces ilegales. Es muy importante que todos los proyectos deben contener un irrestricto respeto al medio ambiente y en ningún caso ser causal de su deterioro ni el de los ecosistema circundantes a estos proyectos”, comenta Gerardo Wijnant.

Caso de éxito

En Chile tenemos varias empresas constructoras que están recibiendo apoyo de la Banca Ética para mejorar viviendas sociales, fortalecer de hábitats inclusivos y obras públicas que generan mayor bienestar. Un ejemplo, es la empresa constructora Trisal de la región del Biobío, específicamente de Lebu que fundó la empresa para solucionar una necesidad de su localidad de reparar y construir viviendas sociales.

“Naturalmente este trabajo le genera utilidad, pero contribuye también en la solución de una problemática que tiene que ver con el mejoramiento de viviendas, mejoramientos de escuelas públicas y espacios públicos. Así, hay muchos casos similares y otros que vamos prospectando. En el último año, hemos aportado financiamiento a constructoras que han contribuido al mejoramiento de 4.778 viviendas sociales nuevas o reacondicionando otras ya construidas”, señala Gerardo.

Sin duda, aún tenemos un largo camino que recorrer, donde todos los actores de la industria de la construcción son fundamentales.

“Las empresas deben comprender que su rol no es solo maximizar utilidades, sino que ser actores relevantes para resolver problemas sociales y ambientales. En ese sentido, nuestro desafío es que las empresas constructoras, que perfectamente pueden generar proyectos que sean compatibles con un desarrollo sostenible, sepan que existe financiamiento para ello ya que hay un interés creciente de la ciudadanía por percibir y visualizar aquellas empresas que hacen bien a la sociedad y generan un impacto positivo”, concluye.

Felipe Ossio y Javier Faúndez, académicos de la Escuela de Construcción Civil de la Pontificia Universidad Católica, realizaron un diagnóstico a nivel nacional.

Actualmente existen 3.735 vertederos ilegales y microbasurales, estimándose que ocupan una superficie de 1.444,08 hectáreas, equivalente al 101% del área del municipio de Providencia.

Este es uno de los principales resultados del Diagnóstico Nacional de Sitios de Disposición Ilegal de Residuos, realizado por Felipe Ossio y Javier Faúndez, ambos académicos de la Escuela de Construcción Civil de la Pontificia Universidad Católica.

En el documento, se indica que el 51,73% del total de los vertederos, se emplazan en Bienes Nacionales de Uso Público, mientras que el 10,76% se encuentran en sitios privados, el 1,63% en Bienes Fiscales y el 35,88% no tienen información sobre la clasificación del terreno de emplazamiento.

De las regiones, la Metropolitana concentra los mayores sitios con 931, los cuales corresponden a 24,93% del total nacional. Le siguen la Región de Valparaíso con 603 sitios, equivalente a 16,14% del total nacional y la Región de Coquimbo con 413, equivalente a 11,06% del total nacional.

Los autores de la investigación, señala que se observa una estrecha relación entre la generación de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) y la existencia de sitios de disposición ilegal, la cual puede darse no directamente por este tipo de residuos sino por tamaño de población, nivel de desarrollo, entre otros.

Sin embargo, resulta significativo resaltar que esa relación aumenta al no contar con sitios de disposición legal específicos para los Residuos de Construcción y Demolición en la región, como es el caso de las regiones de Arica y Parinacota, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Los Lagos, Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo y Magallanes y de la Antártica Chilena.

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