Por María José Ibaceta, secretaria técnica del Instituto de la Construcción
La accesibilidad universal no se resuelve únicamente en el diseño. Se juega también —y muchas veces de manera decisiva— en la ejecución de las obras, en la inspección técnica, en la revisión de detalles y en la capacidad de detectar a tiempo aquellas situaciones que pueden transformar un espacio proyectado como accesible en una barrera para sus usuarios.
Por eso, la publicación de la Guía Práctica de Inspección Técnica de Obras con Accesibilidad Universal representa un avance relevante para el sector construcción. Este documento, desarrollado en el marco del convenio entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el Instituto de la Construcción, y editado por la DITEC, entrega una herramienta concreta para apoyar a los equipos técnicos que participan en la supervisión, revisión y ejecución de proyectos de edificación y espacio público.
Su valor está precisamente en su enfoque práctico. La guía no se limita a recordar el marco normativo; propone pautas de verificación, criterios de revisión y recomendaciones para enfrentar situaciones habituales en obra. Esto es especialmente importante porque, en accesibilidad universal, pequeñas diferencias pueden tener grandes consecuencias. Un desnivel mal resuelto, una pendiente ejecutada fuera de estándar, una ruta interrumpida o una puerta que no cumple con el ancho requerido pueden impedir el uso autónomo y seguro de un espacio.
La accesibilidad universal es una condición que deben cumplir todos los proyectos, públicos y privados, en concordancia con la Ley 20.422 y con los estándares establecidos en la normativa vigente. Pero cumplir la norma requiere más que conocerla: exige coordinación entre especialidades, revisión temprana de antecedentes, replanteo en terreno y una inspección rigurosa durante el proceso constructivo.
En ese sentido, esta guía viene a cubrir una necesidad concreta. Está pensada como una herramienta de consulta rápida en obra, con contenidos que van desde el marco conceptual y legal hasta pautas específicas para edificaciones y espacios públicos. También permite que los equipos de inspección construyan sus propias cartillas de control, adaptadas a las características de cada proyecto.
Desde el Instituto de la Construcción valoramos especialmente el trabajo colaborativo que hizo posible este documento, con participación de profesionales y técnicos del sector público y privado. La accesibilidad universal requiere precisamente esa mirada transversal: técnica, normativa, urbana, constructiva y, sobre todo, centrada en las personas.
Avanzar hacia edificaciones y espacios públicos accesibles no es solo cumplir una exigencia legal. Es construir mejor. Es anticiparse a los problemas antes de que lleguen al usuario. Es entender que una obra bien ejecutada puede ampliar la autonomía, la seguridad y la participación de muchas personas.
La guía ya está disponible y constituye una hoja de ruta necesaria para quienes diseñan, revisan, construyen e inspeccionan obras en Chile. Su uso puede marcar una diferencia concreta en la calidad de nuestros proyectos y en la vida cotidiana de quienes habitan y recorren nuestras ciudades.
El documento se puede descargar aquí: https://www.minvu.gob.cl/ditec/manuales-tecnicos-ditec/
Por Marcos Brito, director ejecutivo del Instituto de la Construcción
El Consejo para la Modernización de las Relaciones Contractuales (CMRC) es una instancia de trabajo colaborativo, propiciada por el Instituto de la Construcción desde 2022. Este tiene por objeto promover y proponer acciones para mejorar la productividad, sostenibilidad y calidad de la ejecución de los proyectos de construcción, mediante el patrocinio de propuestas públicas y privadas relacionadas con los distintos sectores de la construcción tales como; infraestructura, minería, proveedores y en general con toda la cadena de valor.
El CMRC es una instancia que permite aunar criterios, tanto para enfrentar problemáticas contingentes del sector, como para impulsar proyectos a futuro, que impacten positivamente en la productividad, inversión y asignación tanto de los recursos públicos como privados. De esta manera, se busca poder analizar propuestas, que tengan por objeto incentivar la colaboración, transparencia y confianza entre las partes del contrato. Estas propuestas, deben estar orientadas a promover el diseño, la implementación y seguimiento de las políticas públicas y privadas en el ámbito de la gestión contractual y productividad, promoviendo buenas prácticas en la línea de la colaboración y el diálogo.
Hoy este Consejo goza de una participación comprometida y muy activa en torno a cuatro comisiones: Contratos Colaborativos en el Ámbito Público, Normativa del Consejo de Monumentos Nacionales, Normativa de Obras Públicas y Contratación de Obras Públicas.
Con respecto a la Contratos Colaborativos, se trabaja en un estudio que será publicado en la Agenda Pública del Centro de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, titulado “Modernización de los Marcos Contractuales en el Sector Público: Una Mirada desde los Contratos Colaborativos”, trabajo liderado por el profesor Harrison Mesa.
En cuanto a la Normativa de Obras Públicas, se discute sobre la revisión de la efectividad de las modificaciones al DS N°75 del MOP, trabajo liderado por Mariana Concha, ex Directora General de Obras Públicas. En particular, se trabaja en revisar las iniciativas normativas promovidas por las nuevas autoridades y, en paralelo, presentar los temas que actualmente trabaja la Comisión, con el objeto de definir si corresponde darles continuidad o reorientar el enfoque hacia nuevas materias de interés.
Por parte de la Normativa del Consejo de Monumentos Nacionales, se trabaja en torno a una propuesta consensuada para una definición para lo que se considera con valor arqueológico, de tal manera que se pueda contar con una definición precisa y fundamentada en una metodología objetiva. El trabajo, liderado por un reconocido experto en la materia, el abogado Oscar Acuña, plantea la relevancia de lograr definir plazos administrativos y procesos de gestión operativa e inmediata en terreno para los hallazgos arqueológicos imprevistos y el plazo de continuidad de obras, particularmente. En este ámbito, contar con una mayor certeza jurídica y definiciones claras y objetivas, permitirá reducir significativamente sobre tiempos y sobre costos en obras en las que se presentan hallazgos de valor arqueológico, permitiendo decisiones eficientes que resguarden el patrimonio cultural, a la vez que no se paralicen obras de manera injustificada.
La Comisión de Contratación de OOPP, a cargo de Ramiro Mendoza (ex Contralor General de la República y presidente del Colegio de Abogados), trabaja hoy en la planificación y organización de una actividad en conjunto con el MOP para presentar el Mecanismo de Resolución Temprana de Controversias (MRTC), donde se pueda presentar además casos de aplicación en construcción y minería. El MRTC, tiene por objeto ser un sistema alternativo y anticipado de resolución de controversias, en virtud del cual terceros imparciales ayudan a las partes del contrato a prever posibles conflictos y a resolver los desacuerdos mediante un acompañamiento desde el inicio de la ejecución del contrato. La iniciativa cuenta con la participación de importantes representantes de la Dirección General de Obras Públicas del MOP.
La propuesta de un MRTC fue elaborada por un Comité Ejecutivo integrado por la DGOP, la Fiscalía del MOP, representantes del Instituto de la Construcción, de la Cámara Chilena de la Construcción y por profesionales con amplia experiencia en derecho administrativo, ingeniería y gestión de contratos de obras públicas.
En suma, se espera que esta importante iniciativa de coordinación, donde se congrega a privados, representantes del sector público y de la academia, prospere como una instancia de trabajo colaborativo, propositivo y que logre manifestar soluciones a problemáticas que habitualmente son complejas de identificar y abordar, para así resolver problemáticas contingentes del sector e impulsar proyectos que impacten positivamente en la productividad, inversión y asignación tanto de los recursos públicos como privados.
Por Lucio Ricke, presidente del Consejo de Normalización de la Construcción
Chile se encuentra en un momento especialmente relevante para el desarrollo normativo en el ámbito de la ingeniería estructural. La actualización y publicación de normas técnicas fundamentales representa un avance para los profesionales del sector, así como una contribución directa a la seguridad de las personas, la continuidad operacional de las infraestructuras y la resiliencia del país frente a amenazas naturales.
En este escenario, la oficialización por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de la norma NCh 2369:2025 Diseño sísmico de estructuras e instalaciones industriales, constituye un hito de gran importancia. Esta norma fortalece los criterios de diseño sísmico para instalaciones industriales, un ámbito especialmente sensible por su impacto productivo, económico, ambiental y social. Contar con estándares actualizados permite avanzar hacia estructuras más seguras y preparadas para responder adecuadamente ante eventos sísmicos, resguardando tanto a las personas como a los procesos críticos que allí se desarrollan.
A ello se suma la publicación, a mediados del año pasado por parte del Instituto Nacional de Normalización, de la NCh 432:2025 Diseño estructural – Cargas de viento. Esta actualización incorpora mejoras sustantivas en la determinación de las cargas de viento, un aspecto cada vez más relevante para el diseño estructural, especialmente en un contexto donde los eventos climáticos extremos demandan criterios técnicos más precisos y acordes con la realidad actual.
Hoy también debemos destacar la publicación por parte del INN de la NCh 433:2026, Diseño sísmico de edificios, una norma central para nuestro país y para la seguridad de las viviendas y edificaciones. Su actualización permite incorporar nuevos conocimientos, aprendizajes y criterios técnicos que contribuyen a aumentar la seguridad sísmica de las construcciones, reafirmando el compromiso histórico de Chile con una ingeniería estructural de alto estándar.
Estos avances no son hechos aislados, forman parte de un proceso continuo de modernización normativa, indispensable para acompañar los desafíos de la construcción actual y futura. Las normas técnicas son herramientas esenciales para elevar la calidad, reducir riesgos y entregar certezas a quienes diseñan, construyen, regulan y habitan nuestras edificaciones e infraestructuras.
Finalmente, es importante reconocer que estos grandes avances normativos son posibles gracias al trabajo riguroso, generoso y sostenido de un gran número de profesionales y académicos del mundo público, privado y universitario. Su aporte técnico, realizado muchas veces de manera gratuita y desinteresada, refleja un compromiso profundo con el país y con el bienestar de la comunidad.
El escenario normativo de 2026 nos invita a valorar ese esfuerzo colectivo y, al mismo tiempo, a seguir fortaleciendo los espacios de colaboración que permiten construir normas más pertinentes, actualizadas y alineadas con los desafíos de Chile. Porque detrás de cada norma hay mucho más que un documento técnico: hay conocimiento, experiencia y una responsabilidad compartida con la seguridad y calidad de vida de las personas.
Por Marcos Brito, director ejecutivo Instituto de la Construcción
La capacidad técnica y la rapidez institucional para reaccionar ante los desafíos en materia de resiliencia estructural marcan la diferencia en el desarrollo de un país. En este escenario, la articulación entre el sector público y privado, junto a la academia y especialistas de primer nivel, resulta fundamental para revisar los estándares existentes y proponer mejoras sustantivas.
Un ejemplo de esta capacidad de respuesta técnica sólida ha sido la promulgación de normativas clave que actualizaron exigencias en diseño sísmico y en hormigón armado, basadas en evidencia y en la experiencia recogida por los expertos.
Actualmente, el sector de la construcción se mantiene atento a hitos relevantes, como las actualizaciones de las normas NCh430 sobre requisitos de diseño y cálculo en hormigón armado, y la NCh433, referida al diseño sísmico de edificios. Estas piezas constituyen el marco técnico esencial que regula cómo diseñamos y construimos en un entorno geográfico complejo.
Chile ha demostrado ser capaz de articular talento, conocimiento y voluntad para mejorar sus estándares en tiempos acotados. Sin embargo, esa experiencia debe transformarse en una hoja de ruta hacia el futuro. Necesitamos una metodología permanente, transparente y ágil para la revisión y actualización de nuestras normas técnicas. Este sistema debe combinar el rigor técnico con plazos definidos y mecanismos claros de coordinación entre las autoridades, los organismos técnicos y el mundo académico y privado.
La seguridad de las personas no puede depender únicamente del desarrollo normativo puntual. Modernizar la forma en que actualizamos nuestra normativa es, en sí misma, una política de resiliencia. El desafío hoy es no conformarnos con lo logrado, sino fortalecer el sistema que nos permite aprender y mejorar de manera constante antes de enfrentar el próximo gran desafío sectorial.
Por Francisco Ruz, director del Instituto de la Construcción, gerente general de R&V
Finalmente, con la publicación en el Diario Oficial, se oficializa la NCh2369:2025 – Diseño sísmico de estructuras e instalaciones industriales, actualización que reemplaza a la versión vigente desde 2003 y que entrará en vigor en seis meses más.
Esta norma obligatoria y parte de la OGUC, es una referencia clave para el diseño de instalaciones industriales en un país con una de las sismicidades más altas del mundo. Su actualización permite incorporar avances técnicos y fortalecer la seguridad, resiliencia y desempeño de la infraestructura productiva.
La evolución permanente de nuestras normas técnicas es fundamental para responder a los desafíos del territorio y para mantener a Chile como un referente internacional en ingeniería sísmica.
Desde el Instituto de la Construcción, destacamos el valor del trabajo colaborativo entre instituciones públicas, el mundo académico y los profesionales del sector para seguir fortaleciendo el desarrollo normativo del país.
El decreto de la oficialización está disponible aquí.
Por Mauricio Castillo, presidente Comisión Infraestructura Pública del Colegio de Ingenieros.
Se dice con frustración que los ingenieros experimentados no son escuchados en decisiones que requieren análisis técnicos rigurosos. La queja es válida, pero culpar solo a los decisores es incompleto: hay que mirar también a la profesión.
La formación ingenieril prioriza especialización, precisión y lenguaje técnico. Esta fortaleza se vuelve barrera al aplicarse sin adaptaciones en ámbitos con códigos distintos. A menudo, soluciones técnicas se presentan de forma inaccesible, asumiendo que su corrección basta para convencer en lo social, político o institucional.
Además, muchos ingenieros han perdido interés por humanidades y disciplinas no técnicas, lo que empobrece comunicación, contexto y empatía. Así, proyectos brillantes se explican igual ante expertos, autoridades o comunidades, ignorando diferencias en intereses, conocimientos y temores.
Las decisiones humanas no son solo racionales: incluyen emociones, valores, incentivos y sesgos. Pretender que un informe técnico impecable oriente elecciones complejas ignora el juicio real.
Aristóteles lo advirtió: no basta decir lo verdadero, hay que hacerlo creíble. La verdad técnica, sin relato comprensible y oportuno, se archiva.
Antes de quejarnos, asumamos responsabilidad: para que buenos proyectos avancen, hay que diseñar también su comunicación eficaz. Esto requiere entender el contexto social-político, adaptar el lenguaje y reconocer lo emocional.
Es clave integrar comunicadores, sociólogos, economistas y expertos en políticas públicas. Esta colaboración potencia la ingeniería y su impacto social.
En resumen, la razón técnica es necesaria pero insuficiente. Para transformar ideas en decisiones, la ingeniería debe dialogar con humanidades y recuperar el arte de persuadir con rigor.
Por Mauricio Salinas, presidente del Instituto de la Construcción (IC)
Hace cinco años, la industria de la construcción en Chile se propuso un desafío que, en su momento, parecía ambicioso: iniciar una transición real hacia un modelo más sostenible, eficiente y resiliente. Así nació la Estrategia de Economía Circular en Construcción, una iniciativa impulsada por la Cámara Chilena de la Construcción, el Instituto de la Construcción y Construye2025 y administrada por la CDT, que hoy muestra avances concretos y un camino claro a seguir.
Desde el Instituto de la Construcción, entendimos desde el primer momento que esta transformación debía tener como pilar la creación de capacidades técnicas y normativas. La economía circular no es solo una declaración de principios, sino una práctica que requiere marcos regulatorios actualizados, metodologías validadas y confianza en la calidad de los materiales y procesos.
En este periodo, hemos contribuido activamente al desarrollo de nuevas normas técnicas, guías y buenas prácticas, generando un ecosistema normativo que habilita la valorización de residuos, la trazabilidad de materiales y el diseño con criterios circulares. Pero quizás lo más relevante ha sido la colaboración que esta estrategia ha convocado: más de 180 instituciones públicas, privadas y académicas han sido parte de este esfuerzo común.
También hemos aprendido que los cambios profundos requieren tiempo y continuidad. Si bien los resultados son alentadores —más de 5.000 personas capacitadas, cientos de proyectos innovadores, millones de dólares movilizados en financiamiento verde—, aún enfrentamos barreras culturales, técnicas y de mercado que deben ser abordadas con decisión y visión de largo plazo.
La circularidad no es una moda. Es una necesidad estructural en un planeta con recursos finitos y frente a una crisis climática ineludible. El sector construcción tiene la oportunidad y la responsabilidad de liderar esta transformación. Nuestro compromiso, como Instituto de la Construcción, es seguir generando conocimiento, articulando actores y aportando evidencia para que esta visión se traduzca en acciones concretas.
El futuro de la construcción en Chile será circular, o simplemente no será.
Por Marcos Brito, director ejecutivo IC.
El 2025 fue un año de importantes cambios en el Instituto de la Construcción. Con el objetivo de implementar una planificación estratégica renovada, junto con reforzar la participación y visibilización del IC en el sector, se me invitó a liderar esta importante institución, reforzando así además la integración del programa estratégico Construye2025, buscando sinergias y alineación de esfuerzos en las metas que ambos comparten.
El año 2026 será el que deba marcar el despegue definitivo de un renovado IC, integrando un plan de acción actualizado, que recoja los aprendizajes de casi 30 años de trayectoria, que sepa leer el contexto actual del sector y formular iniciativas que busquen aportar con eficiencia a “coordinar y articular esfuerzos públicos y privados para colaborar en el desarrollo de la sustentabilidad, calidad y productividad de la construcción”.
Impulso a la sustentabilidad y calidad habitacional
Entre las principales acciones que contempla el 2026 estará el lanzamiento y difusión del Manual práctico para la Reglamentación Térmica 2025. Este documento será fundamental para ayudar al sector a cumplir con la actualización de la OGUC en lo referido al desempeño térmico de viviendas, edificios educacionales y de salud, lo que sin duda contribuirá a mejorar la calidad de las edificaciones.
En este mismo contexto, la Certificación Edificio Sustentable (CES) dará un paso decisivo hacia el sector:
Fortalecimiento técnico y normativo
Desde lo técnico, el IC trabaja en una renovada estructura para abordar secretarías técnicas, que permitan articular mesas de trabajo tripartitas para el desarrollo de anteproyectos de norma, manuales técnicos y guías prácticas. El Consejo de Normalización de la Construcción seguirá siendo un espacio clave de coordinación para apoyar estos proyectos.
Tras la entrega de tres manuales bajo convenio con MINVU, la agenda técnica incluirá:
Internacionalización y visión de largo plazo
Una de las más importantes iniciativas es el Código de Modelo Sísmico para Latinoamérica y el Caribe. En 2026 trabajaremos por llevar a nuevas fronteras este trabajo, buscando su internacionalización más allá del mundo hispano y preparando la celebración de sus 10 años para 2027.
Por su parte, el programa Construye2025 se apresta a concluir su hoja de ruta y proyectar un nuevo plan estratégico hacia el 2035. El IC seguirá administrando esta iniciativa de Corfo con un compromiso renovado, aunando esfuerzos en metas comunes y buscando sinergias operacionales.
Finalmente, durante el 2026, el Instituto renovará sus estatutos y buscará acercar nuevos socios para ampliar su red de trabajo y mejorar su flexibilidad. Con esto, esperamos que el IC sea reconocido como el principal espacio de colaboración entre privados, sector público y academia, articulando talento y conocimiento para generar acciones que promuevan el desarrollo sostenible de la construcción.
Por Francisco Ruz Vukasovic, director del Instituto de la Construcción y gerente general de RyV Ingenieros
En el marco de la 8ª Jornada del Código Modelo Sísmico para América Latina y el Caribe (CMS) y el Primer Congreso Internacional sobre esta materia, realizado en San Salvador, El Salvador, pude estar presente como representante del Instituto de la Construcción (IC), donde ejerzo como director.
En la ocasión, expuse sobre Clasificación de suelos, geotecnia y geofísica, aportando la experiencia técnica de Chile al desarrollo de esta normativa sísmica a nivel regional. La jornada contó con la participación de representantes de 10 países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, España, Estados Unidos, México y Panamá.
Entendiendo el Código Modelo Sísmico (CMS)
El CMS es un documento técnico internacional cuyo objetivo es establecer un marco de referencia común para la normativa sísmica regional. Es importante destacar que no reemplaza las normativas nacionales, sino que las complementa, actuando como una guía para disminuir la vulnerabilidad estructural frente a eventos sísmicos en cada región.
Durante el desarrollo de las jornadas, se consolidó una estrecha colaboración con el Ministerio de Obras Públicas y Transporte de El Salvador. De hecho, el propio ministro de la cartera, Romeo Rodríguez, participó en la ceremonia inaugural, lo que subraya el carácter institucional y estratégico de esta iniciativa para América Latina y el Caribe.
Avances técnicos clave en los subcomités
Durante el evento, se registraron importantes progresos en los diversos grupos de trabajo del CMS, reflejando el compromiso por mejorar la seguridad estructural en la región, entre los que destacan los siguientes aspectos:
La oportunidad de haber estado en la 8ª Jornada subraya el activo rol de Chile y del Instituto de la Construcción en la promoción de estándares de seguridad y resiliencia sísmica en nuestra región. Seguimos comprometidos con el desarrollo de un marco normativo que proteja a las comunidades de América Latina y el Caribe.
Por María Blender, arquitecta y consultora
La nueva Reglamentación Térmica (RT), recientemente incorporada a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones mediante el Decreto 15, representa un avance importante en la forma en que se aborda el desempeño energético en las edificaciones de Chile. La actualización eleva los estándares vigentes de aislación térmica e incorpora nuevas exigencias que consideran la prevención de la condensación, la hermeticidad de la envolvente y la ventilación adecuada de los espacios.
Como toda regulación que introduce un cambio de enfoque y mayor rigurosidad, su implementación requiere de una comprensión clara y criterios aplicables en el desarrollo de proyectos. Con este propósito, el Instituto de la Construcción impulsó la creación del “Manual Práctico para la Reglamentación Térmica 2025”, cuya elaboración técnica tuve la responsabilidad de dirigir. La finalidad del manual es ofrecer una guía concreta que facilite la correcta aplicación de la nueva RT en las distintas etapas del proceso constructivo.
Más que reproducir artículos o entregar información teórica, el manual busca traducir la normativa en orientaciones prácticas, con ejemplos, esquemas y criterios que ayudan a comprender qué se exige y cómo implementarlo de forma coherente, eficiente y alineada con la calidad que se espera de los proyectos actuales.
Una de sus contribuciones clave es promover la incorporación temprana de los criterios térmicos en el diseño. Integrar estos aspectos desde el inicio permite una mejor coordinación entre disciplinas y favorece decisiones informadas que se reflejan en un mejor desempeño del edificio y en soluciones constructivas más consistentes.
El manual también incluye recomendaciones para adecuar soluciones constructivas habituales a los nuevos requisitos, entendiendo que la normativa define un estándar mínimo, pero que la calidad final depende de decisiones proyectuales bien fundamentadas.
En un contexto donde la regulación avanza hacia una visión más integral y orientada al desempeño energético, contar con una guía clara y práctica es esencial. Ese es el papel del Manual Práctico: ser un apoyo real para arquitectos, ingenieros, constructores y revisores, facilitando la implementación de la normativa y contribuyendo a edificaciones más eficientes, confortables y sostenibles.
Nota de la redacción: El “Manual Práctico para la Reglamentación Térmica 2025” será lanzado en diciembre.
Por Hernán Madrid, jefe de Certificación Edificio Sustentable (CES)
La actualización de la Reglamentación Térmica contenida en el artículo 4.1.10 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción (OGUC), que comienza a regir en diciembre de este año, marca un punto de inflexión normativo en la edificación nacional. Este cambio establece nuevos estándares obligatorios para viviendas y, por primera vez, introduce exigencias específicas para edificios de uso público en los sectores salud, educación y hotelería.
Entre las modificaciones más relevantes se incluyen:
Estas exigencias apuntan a reducir la demanda energética, mejorar el confort interior y limitar patologías asociadas a la humedad y la ventilación deficiente.
En este contexto, la Certificación Edificio Sustentable (CES) se encuentra en proceso de ajuste para incorporar estos nuevos requerimientos en su marco de evaluación. Esta actualización responde a la necesidad de mantenernos en línea con la normativa vigente y asegurar que los proyectos que optan a la certificación no solo cumplan con los estándares mínimos, sino que además integren prácticas de alto desempeño ambiental.
Es importante destacar que, en paralelo, el Instituto de la Construcción está desarrollando un manual práctico para facilitar la aplicación técnica de estos nuevos requerimientos, herramienta que será clave para profesionales del diseño, construcción y fiscalización.
Desde CES, el objetivo es que esta convergencia entre normativa y certificación facilite la toma de decisiones informadas durante la etapa de diseño y fomente la adopción de soluciones técnicas eficientes, validadas y replicables.
Este proceso de actualización también es una oportunidad para reforzar el rol de CES como un instrumento técnico confiable, en sintonía con el avance regulatorio, y capaz de apoyar la implementación efectiva de edificaciones públicas más eficientes, saludables y sustentables.
Por Rodrigo Narváez Sotomayor, Secretario Técnico del Instituto de la Construcción y de la Comisión Permanente del Código Modelo Sísmico para América Latina y el Caribe
En una región donde la amenaza sísmica forma parte de nuestra vida cotidiana, avanzar hacia una construcción más segura y resiliente no es solo un objetivo técnico, es una responsabilidad ética. Desde 2017, el Código Modelo Sísmico para América Latina y el Caribe (CMS) ha venido consolidándose como un instrumento clave para reducir brechas normativas, armonizar criterios de diseño estructural y proteger la vida de millones de personas que habitan en zonas de riesgo.
Este año, la 8ª Jornada del CMS, que se celebrará entre el 8 y el 10 de octubre en San Salvador, representa un nuevo hito. No solo por el nivel técnico de sus contenidos, sino porque por primera vez se desarrollará en el marco de un Congreso Internacional. Esto refleja una evolución natural del CMS: de una plataforma de trabajo técnico a un espacio de cooperación regional con proyección global.
Como Secretaría General del CMS, el Instituto de la Construcción ha asumido con convicción el rol de articulador técnico y estratégico. Nuestro compromiso ha sido construir puentes entre países, entre disciplinas, entre realidades diversas, pero unidas por un mismo desafío: fortalecer nuestras capacidades frente a los desastres naturales.
La importancia del CMS radica precisamente en su capacidad de generar consenso técnico y político en un contexto de alta complejidad. Sabemos que los marcos normativos son disímiles, que las capacidades institucionales varían, pero también sabemos que los terremotos no reconocen fronteras. Por eso, un código común, flexible pero riguroso, actualizado y basado en evidencia científica, es una herramienta imprescindible.
Las jornadas del CMS no son solo reuniones técnicas. Son espacios de validación, revisión y proyección de una agenda que busca mejorar la calidad de vida a través de edificaciones más seguras, de normativas más robustas y de una cooperación técnica efectiva. En esta edición, discutiremos temas clave como la amenaza sísmica, la protección de infraestructuras críticas, la vulnerabilidad de la vivienda informal, y las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial en la predicción y simulación de desastres.
Sabemos que aún queda mucho por hacer. Pero también sabemos que, en estos años, hemos construido algo más que un código: una comunidad de conocimiento, compromiso y propósito.
La resiliencia de nuestra región no se construye solo con concreto y acero, sino también con voluntad, colaboración y visión de futuro.