En los últimos meses se ha podido observar un consistente aumento en la venta de casas con jardín. Esta tendencia claramente se origina a partir de la contingencia sanitaria y, en alguna medida, también por el estallido social. Lo que se busca básicamente es más espacio, algo de naturaleza, y mayor seguridad, alejándose de los puntos más conflictivos del centro de la ciudad. Por otro lado, con la implementación masiva del teletrabajo en algunos sectores, el tema de los traslados (y del tiempo perdido asociado a esto) pasó a un segundo plano. También la imposibilidad de cultivar la vida social debido a las restricciones de aforo y las cuarentenas relativizan la importancia de estas acciones. Esto se contrapone diametralmente con la idea de la ciudad compacta, densa, conectada y equipada, que es la forma de habitar sosteniblemente.
Vivir en los suburbios
En una ciudad como Santiago, mudarse a una casa con jardín implica trasladarse “fuera”. Estas tendencias podrían ser una buena noticia para la lucha contra el cambio climático, ya que contribuyen a descongestionar las áreas saturadas de la capital.
Sin embargo, todos los suburbios dependen completamente del uso de vehículos particulares para conectarse con los lugares de trabajo, estudio y abastecimiento. Eso significa que cada nueva casa implica al menos un nuevo automóvil incrementando la congestión de las vías de acceso a la ciudad, con todas sus implicancias: perder el tiempo en el taco en vez de estar trabajando o con la familia, estrés, consumo inútil de energía, producción de CO2, entre otras.
El mudarse a los suburbios también tiene implicancias en la vida social, al alejarse de su red de apoyo y de amistades. Existen estudios que demuestran que, por ejemplo, la gente le dedica tres horas a la semana a los amigos, para juntarse a tomar unas cervezas y a conversar. Al irse a las afueras, parte importante de ese tiempo se va en el traslado, quedando disponible finalmente algo como 30 minutos para realmente compartir con las amistades. Ante esa realidad, la gente deja de tener interés en juntarse, perdiéndose la red de apoyo.
Es por lo anterior que todas las teorías respecto al futuro sostenible de las ciudades apuestan por lugares densos, compactos y con una multiplicidad de usos. La idea es poder moverse dentro de la ciudad para ir al trabajo, al lugar de estudios, a las zonas de recreación, a las casas de los amigos y de los familiares, a los sitios de culto y al comercio a pie, en bicicleta o a lo más en locomoción pública, disminuyendo drásticamente nuestra dependencia de los automóviles particulares.
La densificación de la ciudad
Esta pandemia nos ha demostrado que nuestra idea de “densidad” se parece mucho al hacinamiento, y que las viviendas bien ubicadas son “chicas, pero caras”. No es casualidad que las familias que tienen los medios huyan de esos edificios de espacios ínfimos, mal iluminados y con mínimas condiciones de privacidad. Lo que apenas era soportable como lugar para dormir se convirtió en una tortura al pasar a ser también lugar de trabajo, lugar de estudios, sala de juegos y gimnasio.
Respecto al precio de los departamentos, ligado en última instancia al valor del terreno, lo único que se puede hacer es aumentar la oferta de aquellos construibles con una revisión inteligente y desprejuiciada de los instrumentos de planificación territorial. Estas modificaciones también deben incorporar la mixtura de usos para hacer posibles proyectos que reúnan en un mismo complejo viviendas, comercio, equipamiento recreativo y oficinas. Así se logrará una ciudad vibrante y viva (y por ende segura) los siete días de la semana, reduciendo de paso el uso de los autos y recuperando el espacio urbano para las personas.
Tal vez estos edificios no debieran ser necesariamente muy altos, pero definitivamente más continuos, formando manzanas compactas y homogéneas.
Si tenemos una ciudad con una adecuada mezcla de usos, tal vez no necesitemos que todos los edificios tengan gimnasio, salas de juego y quinchos, ya que estos equipamientos podrían existir fuera del edificio, públicos y mucho más entretenidos. Los metros cuadrados destinados a esos usos se pueden reasignar a las viviendas.
Si se encontrase una manera de ajustar los precios de la tierra, será nuestra tarea como arquitectos asegurarnos de que esa baja se traspase a mayores superficie y espacios más generosos, y no solamente a mayores utilidades. Las viviendas y la ciudad que proyectemos deben ser el escenario digno para la vida familiar en todas las circunstancias.
Si no es así, no vamos a haber aprendido nada durante esta pandemia.
La sostenibilidad es representada por un mundo en paz, donde hay respeto por la diversidad, donde existe inclusividad, no existe hambre, donde cada persona tiene una educación de calidad. Y se promueven las alianzas para avanzar en un objetivo común.
Además de preservar, conservar el ecosistema, y reducir la pérdida de biodiversidad. Tenemos que dejar lo mejor para nuestras próximas generaciones.
Ahora es cuando la ingeniería es crucial para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU al 2030. Y el objetivo final es la igualdad. La ingeniería por sí misma debe ser lo más diversa posible.
Las mujeres son subrepresentadas en ingeniería, por ello se han generado soluciones de ingreso inclusivo a universidades.
El incorporar más mujeres en este campo, implica más modelos de rol para las generaciones futuras. Y son las nuevas generaciones las motivadas a darse cuenta de que el desarrollo sostenible genera un mundo mejor. Y le da propósito a la ingeniería.
Las mujeres representan el 50% de la población mundial, por ello necesitan los mismos recursos y gestionar los mismos cambios globales.
Sin embargo, pocas son las mujeres que están trabajando en el diseño y desarrollo de soluciones basadas en tecnología sostenible, lo que permitirá que todos podamos tener una calidad de vida mejor.
Atraer y apoyar a más mujeres en ingeniería nos beneficia a todos, incrementando el potencial para desarrollar soluciones inclusivas e innovadoras para los complejos problemas que enfrenta el planeta.
El cambio climático, el acceso a agua potable y saneamiento, energía limpia y ciudades más habitables son todos desafíos actuales que debe resolver la ingeniería.
Y tanto en las ciudades como en zonas rurales, las mujeres son quienes soportan frecuentemente una carga mayor, lo que implica que podemos aportar perspectivas únicas para desarrollar soluciones de alto impacto.
El contratar más ingenieras puede mejorar el diseño de nuevos productos y soluciones en beneficio tanto de hombres como de mujeres. Dado que, al incorporar la mirada desde otra perspectiva, promueve y provee una solución más integral y completa.
Sin embargo, muy pocas ingenieras alcanzan posiciones de liderazgo y uno de los factores puede ser la falta de oportunidades y de apoyo para la progresión profesional. Por ello, la generación de redes en las asociaciones gremiales, en la academia, en empresas, permite tener espacios para poder analizar y debatir cómo nos apoyamos entre nosotras y cómo podemos también integrarnos y aportar en el desarrollo de nuestro país con nuestros pares hombres.
Tener más mujeres en posiciones de liderazgo, ayuda a dar visibilidad dando oportunidad a más ingenieras, además asegura el tomar decisiones ejecutivas más equitativas, inclusivas y representativas.
Si queremos albergar alguna esperanza de lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el año 2030, debemos aprovechar las habilidades y el talento de hombres y mujeres por igual, y esto significa trabajar continuamente para crear un entorno más propicio para que las mujeres, en el campo de la ingeniería, estudien, trabajen y prosperen.
Las mujeres tienen una importante labor que hacer en la construcción de un mundo más igualitario. Solo necesitan las mismas oportunidades para hacerlo.
Referencias bibliográficas:
United Nations Sustainable Development – 17 Goals to Transform Our World
Measuring progress towards the Sustainable Development Goals – SDG Tracker (sdg-tracker.org)
http://ingenieria.uchile.cl/admision/admision-especial-pregrado/94355/cupos-equidad-de-genero
Por: Jaime Mozó Ballacey, ingeniero civil y presidente de la Comisión de Vivienda del Colegio de Ingenieros de Chile.
Hoy, la realidad de los problemas asociados al territorio, su planificación, el acceso a la vivienda y sus derivadas han generado una profunda crisis, que ha revelado una falta de liderazgo para encontrar una solución.
Las ciudades y territorios son estructuras vivas y dinámicas que se deben adecuar en forma permanente a los nuevos requerimientos sociales. Para la planificación eficiente de la ciudad se debe proveer desde un inicio las fajas amplias de territorio, las cuales deben actuar como grandes arterias, capaces de entregar en forma oportuna la capacidad de flujos ocasionados por la creciente demanda.
Asimismo, son los elementos integradores de áreas de trabajo y servicios con la vivienda, los que mejorarán los tiempos de desplazamiento de las persona generando una ciudad integrada socialmente.
La actual legislación genera suelo urbano, suelo destinado a uso residencial, comercial industrial etc. sin factibilidad de servicios sanitarios. Más del 38% del suelo urbano del país está impedido de ser usado por lo anterior, lo que implica una presión en los precios del suelo con factibilidad sanitaria.
Las mitigaciones deben hacerse cargo de las externalidades que generan los nuevos proyectos, con una planificación del territorio de largo plazo, de lo contrario el beneficio social no será eficiente. Es imperioso una modernización del Estado para que las mitigaciones se realicen con criterios técnicos y económicos que maximicen la rentabilidad social.
Es necesario abordar este tema con una visión de Estado, la cual requerirá de los futuros gobernadores regionales conocimiento y compromiso en sus gestiones, para mejorar nuestras ciudades y atender las reales necesidades de las personas.
Por: Paola Valencia, Encargada de la Secretaría Ejecutiva de Construcción Sustentable del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu).
Desde que en 2012 el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) impulsara y liderara la firma del convenio interministerial de construcción sustentable —firmado en ese entonces por los ministerios de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo, Medioambiente y Energía— el avance en los objetivos planteados no se ha detenido. En la actualidad hemos actualizado el convenio sumando a nuevos actores, entre los que cuentan los ministerios de Desarrollo Social y de Economía, Fomento y Turismo; junto con ello creamos las 16 Comisiones Regionales de Construcción Sustentable (CORECS) para articular su Gobernanza.
En la última década se han generado incontables iniciativas que han contribuido a promover, difundir y fomentar la implementación de la construcción sustentable en el desarrollo de la edificación e infraestructura del país, y una de las centrales ha sido la Mesa Interministerial de Construcción Sustentable (MICS), cuyo producto central ha sido la Estrategia Nacional de Construcción Sustentable (ENCS), publicada en 2013 como una hoja de ruta para el desarrollo del trabajo en este ámbito, y que se configuró en uno de los 6 instrumentos de mitigación para el proceso de implementación y seguimiento a la Contribución Nacional Determinada de Chile en el Acuerdo de París (NDC).
Como el periodo de vigencia de esta estrategia venció en 2020, era necesaria una actualización, lo que nos ofrece la oportunidad de elevar su estatus a Plan Nacional de Construcción Sustentable 2050, con el mérito adicional de estar al alero de la Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU), por ser un documento que entrega principios orientadores y lineamientos que guían hacia una evolución positiva y sustentable de las ciudades y centros poblados en el territorio.
Por lo anterior, ahora nuestra tarea debe abocarse a elaborar un plan que detalle cuáles deben ser los lineamientos estratégicos en materia de la edificación e infraestructura sustentable. De esta manera será posible identificar objetivos, líneas de acción, mecanismos, indicadores y responsables, para poder llevar a cabo políticas concretas de corto, mediano y largo plazo, las que, además, deberán estar alineadas con los compromisos nacionales e internacionales en sustentabilidad del ambiente construido.
El alcance de este plan será entregar lineamientos estratégicos y metas para la incorporación de la sustentabilidad en el ciclo completo de la edificación e infraestructura nacional. La meta que se propone para la nueva versión de esta estrategia es que el sector construcción nacional tienda a la neutralidad al 2050.
Entre los objetivos ambientales preliminares que se contemplan para dar inicio al proceso de elaboración están la reducción de uso de recursos naturales (agua, áridos, madera, terreno) y la minimización de los efectos ambientales (emisiones, residuos, contaminación) en ecosistemas y espacios naturales dados por las distintas etapas de la edificación, junto con otras consideraciones de mitigación y adaptación al Cambio Climático que estarán muy presentes en el diseño de este instrumento.
Junto con lo anterior, otro objetivo ambiental se relaciona con el mejoramiento de los estándares de habitabilidad de las personas y equidad territorial. En este sentido un elemento central en este plan será la instauración de la Certificación de Vivienda Sustentable (CVS) como instrumento capaz de medir la sustentabilidad en el ciclo de vida completo de los proyectos de vivienda, con lo que se promueve que cada una de las etapas tenga un bajo impacto ambiental, entre otros beneficios, con lo que se confirma el importante rol de las certificaciones de edificaciones sustentables, y su aporte a la disminución de huella de carbono de la industria.
La CVS es relevante, además, porque permite promover la oferta y demanda de viviendas sustentables, considerando que, tanto el mercado, como las personas, están mirando hacia la sustentabilidad como un camino hacia soluciones que ofrezcan reducción de costos de operación de la vivienda, lugares más confortables donde vivir, y la oportunidad de aportar a cuidar el medioambiente, que ciertamente es un factor que cada vez tienen más en cuenta las personas.
Actualmente, la actualización del Plan Nacional de Construcción Sustentable 2050 se encuentra en proceso de licitación para su desarrollo, y se espera que para inicios del segundo semestre de 2022 esté disponible el primer borrador para su revisión y aprobación por parte de los actores involucrados en la Mesa interministerial de Construcción Sustentable.
La economía circular “da valor a las cosas por el mayor tiempo posible”, a diferencia de una desechable, donde los productos están diseñados para perder su utilidad rápidamente, con el fin de ser reemplazados por nuevos. Claramente, es la lógica de nuestro sistema lineal que ha operado en forma miope, pasándose por alto los costos que deben absorber otros, sin considerar principios como “el que contamina paga”, definición base de las políticas públicas de la Unión Europea, y a su vez subestimando miles de oportunidades.
Chile está en proceso de habilitar las condiciones necesarias para la economía circular. Un gran avance ha sido la Hoja de Ruta RCD y Economía Circular en Construcción 2035, en la que se sientan las bases para avanzar en una gestión sustentable de los residuos de la construcción y demolición (RCD), y economía circular en construcción, con metas como: “El país cuenta al 2035 con infraestructura para la valorización, plantas y estaciones de transferencias de RCD en todas sus regiones”. Sin embargo, esta meta cuenta con barreras como la falta de definiciones en cuerpos legales y una baja coordinación pública en los permisos para proyectos, su construcción y operación.
En ese sentido, se ha dado dos grandes pasos: la propuesta de «Proyecto de reglamento sanitario sobre manejo de residuos de actividades de la construcción y demolición», en consulta pública, el cual se elaboró de acuerdo a las facultades que le entrega el Código Sanitario al Ministerio de Salud, en colaboración con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo y el Comité Consultivo Público “RCD y Economía Circular en Construcción”, conformado por los ministerios de Vivienda y Urbanismo, Obras Públicas y Medio Ambiente, Corfo y Construye2025. Y un segundo avance, relacionado a la gestión de los residuos en obra, a fines de 2020 la Dirección General de Obras Públicas del MOP dio instrucciones de incorporar planes en todas sus obras, considerando la norma NCh3562:2019, que entrega las directrices para su diseño y ejecución.
El reglamento sanitario define qué son los RCD, su manejo y las responsabilidades para todos los actores en la cadena, desde los mandantes, constructoras, transporte y gestores. Identifica a la autoridad sanitaria competente encargada de la autorización y fiscalización de las instalaciones de valorización y disposición final, que serían las Seremis de Salud. Define los requisitos para las instalaciones antes mencionadas, en cuanto a su diseño, construcción y operación, donde es fundamental el control de los tipos de residuos que se gestionan, y contar con personas capacitadas.
Es indispensable avanzar y dar valor a los residuos, permitiendo la diversificación del mercado de la construcción y crecimiento económico. Con el desarrollo de este subsector, se estima que solo la producción de áridos reciclados y gestión de RCD, podría generar ventas anuales por más de MM$14.000 y 2.000 empleos.
Se conmemora el Día de la Tierra, la situación del planeta dista de ser ideal y nuestro país también tiene una gran deuda al respecto, más aún en el tiempo de pandemia que nos toca vivir. Si no cuidamos y resguardamos hoy nuestros recursos naturales y ecosistemas no habrá sustento para las futuras generaciones. Tenemos una obligación moral y ética de respeto hacia ellas, que son o serán nuestros hijos y nietos, y si no tomamos conciencia, no habrá vuelta atrás.
Escuchamos de manera persistente la necesidad de lograr un mayor crecimiento económico como país y se presentan cifras, ideales para los años siguientes, pero se discute poco acerca del contenido, es decir, como estaría construida esa cifra. Sólo hablamos de un número, pero detrás de esa cifra ¿Qué hay? ¿Cómo se asegura que ese crecimiento sea sostenible y genere equidad?
Considerando el objetivo de fortalecer el crecimiento económico, es fundamental que este propósito incorpore, como contenido explícito, criterios de Desarrollo Sostenible y los priorice en coherencia con los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible), de manera de aprovechar el aporte de las economías sociales o nuevas economías, así como el trabajo de esquemas como la Banca Ética en respuesta a estos desafíos.
Por tanto, se convierte en un imperativo potenciar el financiamiento y canalizar la inversión en empresas y organizaciones que ubican los criterios de sostenibilidad en primer lugar. Ese es el foco que Doble Impacto, como plataforma de soluciones de financiamiento, tiene en su camino a convertirse en el primer banco con lineamientos 100% éticos en Chile y con proyección latinoamericana.
Nuestro desarrollo como país ha sido desigual y ahora se acumulan nuevos problemas. Entonces, se hace necesario revisar nuestras políticas económicas y sociales destinadas a disminuir brechas de equidad, compatibilizando con el adecuado cuidado del planeta. En este sentido, la Banca Ética a la que apuntamos, es un concepto bien comprendido en otras naciones desarrolladas y en Chile y América Latina asoma cada vez con más fuerza, gracias al trabajo que hemos desarrollado. La Banca Ética es una realidad cuyos fundamentos ya están integrándose y discutiéndose con fervor, porque cada vez más actores, en variados sectores económicos y sociales, comprenden que para que podamos vivir en equilibrio en este planeta es urgente que nos preocupemos de todo aquello que nos atañe, tanto internamente en la organización, como hacia el exterior, con todos nuestros grupos de contacto o stakeholders. Ese es el tipo de organizaciones que nuestro proyecto desea apoyar a través del uso consciente del dinero, canalizándolo hacia actividades de impacto positivo en lo social, ambiental y cultural.
El crecimiento económico es bienvenido, pero con el marco de referencia que nos entrega el aporte real y cuantificable hacia el bien común y el cuidado de nuestra Tierra.
Porque es sólo de esta manera que lograremos alcanzar una sociedad más digna, equitativa, inclusiva y, por cierto, sostenible en el más amplio sentido de la palabra. En esto estamos comprometidos y seguiremos con fuerza por respeto y agradecimiento a todo lo que nos entrega nuestra Tierra.
Hace algunos meses, en plena pandemia, la Asociación de Oficinas de Arquitectos desarrolló una propuesta de desconfinamiento escalar, reconociendo la importancia del urbanismo en los efectos sobre la ciudad y con miras a promover entornos más seguros y aportar a la discusión, documento que fue presentado al Ministerio de Vivienda y Urbanismo. De hecho, hoy estamos trabajando con la Municipalidad de Renca para habilitar tres espacios de áreas verdes. Dos de ellas de menor escala, cuyo diseño será asesorado directamente por la AOA, y una de escala intermedia, para la que se estima organizar un concurso de propuestas de diseño.
El plan presentado al Minvu reconoció a la ciudad como un sistema sanitario tanto en transporte público, privado y blando (peatonal, bicicleta), como espacios públicos (calles, parques urbanos, plazas, espacios residuales) y edificación (viviendas, comercio y servicios), propiciando un entendimiento sistémico e integral.
En él se plantearon medidas como la implementación de supermanzanas en centros urbanos, el fortalecimiento de ciclovías, la habilitación de sitios públicos residuales y baldíos, y la promoción del uso de suelo mixto, entre otras. Y es que el retorno a una nueva normalidad debe ser también considerado desde el urbanismo, con una mirada de corto, mediano y largo plazo.
Meses atrás, uno de los aspectos que más llamó la atención de nuestra propuesta fue la creación de supermanzanas peatonales. El plan de desconfinamiento AOA planteó implementarlas con horarios de funcionamiento para centros urbanos mayores a 25 hectáreas, con una invitación a los municipios para identificar y proponer sus propios núcleos transitorios.
La conformación de cada supermanzana tiene como propuesta una distancia caminable máxima desde transporte colectivo de menos de 1.200 metros o 15 minutos, de manera que haga sencillo a las personas acercarse a pie o en bicicleta; pero también con fórmulas que permitan acercar desde el transporte público al interior de las manzanas a quienes tienen movilidad reducida. Los automóviles tendrían un horario determinado de permiso para circular, de manera de favorecer el tránsito peatonal, implementando calles perimetrales destinadas solo al transporte público en horario de funcionamiento de estas.
De esta forma, se propuso fortalecer los paseos peatonales existentes y establecer una combinación, en horarios diferenciados, de calles solo para transporte colectivo y paseos peatonales transitorios.
Las supermanzanas también, al reordenar los espacios públicos, favorecerían el distanciamiento físico y la reutilización, liberando áreas antes destinadas al automóvil, con el fin de mejorar circuitos peatonales, ciclovías y transporte público. Además de nuevos paseos peatonales, hoy hemos visto cómo se han utilizado veredas y calles para permitir el funcionamiento de restoranes de forma más segura. Buscando una solución al nuevo habitar de la ciudad, hemos ido potenciando los espacios públicos con diferentes funciones, a diferentes horarios, lo que los optimiza de mejor manera, otorgándoles una gran riqueza y transversalidad en los ciudadanos que los utilizamos.
Otras medidas planteadas en aquella oportunidad, en relación con la crisis, fueron incentivar el teletrabajo y la telegestión para evitar desplazamientos innecesarios y disminuir el contacto entre personas, además de facilitar la diversificación de usos de suelo para evitar traslados y facilitar emprendimientos temporales.
A mediano y largo plazo, nuestra propuesta consideró aumentar la densidad promedio en planes reguladores metropolitanos, densificando equilibradamente comunas bien equipadas, habilitando espacios públicos de esparcimiento y recuperando edificios en desuso para viviendas transitorias, permanentes, equipamiento comunitario o uso mixto.
Para la asociación, fue importante además dejar por escrito la necesidad de democratizar la cultura a través del espacio público, utilizándolo como conector entre artistas consagrados y la comunidad y promover el uso de suelo mixto como base de equidad. Ello, a través de las zonas de renovación que permiten al Ministerio de Vivienda y Urbanismo establecer áreas con estos cambios.
Por ello, se propuso dar realce a la creación de políticas públicas que promuevan un equilibrio en el uso de suelo, eliminar zonificaciones e incentivar el uso mixto.
Nuestro trabajo se inició ante la inquietud de sumar más perspectivas que la de la salud en la reflexión de la pandemia, aportando nuestra mirada profesional, para desarrollar un planteamiento y contribuir a lograr ciudades justas, sanas y equilibradas.
Si bien la ingeniería estructural hoy está visibilizada, tanto dentro como fuera de Chile y hemos dado grandes pasos en los últimos años, es necesario seguir trabajando en ello. Somos un eslabón importante dentro de la cadena de valor, al diseñar los proyectos que más tarde verán la luz y, en ese sentido, tenemos que ponernos en sintonía con las nuevas necesidades que va pidiendo el mercado y también las que van impulsando instancias en las que participamos, como el Construye2025, el Instituto de la Construcción, el Consejo de Construcción Industrializada y BIM Forum Chile.
Desde fuera de nuestro país somos destacados por el nivel de nuestra ingeniería. Pero si queremos mantener esa posición, necesitamos avanzar en temas tan relevantes como el diseño por desempeño, así como acelerar la periodicidad con que se revisa nuestra normativa. A más de 10 años de ocurrido el último gran terremoto en Chile, aún no contamos con la normativa actualizada, si bien se han hecho grandes esfuerzos con los decretos y otras normas.
Otro punto pendiente como país es dar un paso sostenido hacia la instrumentación de nuestros edificios, si contamos con un laboratorio natural, estamos desaprovechando información valiosísima que nos podría permitir mejorar cada vez más nuestros diseños y con ello, posicionarnos de una vez por todas, en Chile y el mundo, con el nivel que hemos trabajado por tener y que ha llevado a algunos grandes ingenieros nacionales a salir a otros países y continentes con su trabajo e ideas.
Pero no podemos quedarnos en eso, tenemos que seguir apuntando a mejorar y para ello, solo la unión y el apoyo de todos los profesionales que estamos involucrados en la ingeniería estructural, podemos avanzar.
En septiembre del 2020, el World Green Building Council hizo el lanzamiento oficial de la estrategia “Sustainable Buildings for Everyone, Everywhere” que proporciona los lineamientos con los cuales los 70 GBCs alrededor del mundo estamos trabajando con el objetivo de acelerar la transformación de la industria de la construcción a una que se base en 3 pilares principales como son: acción climática, salud y bienestar, recursos y circularidad.
No es novedad que la construcción es enormemente demandante en el uso de recursos; el sector edificación es responsable del 50% del consumo de materias primas no renovables, el dato es estremecedor, 42.400 millones de toneladas de materiales se consumen anualmente para construir nuevos edificios y por ende nuevas ciudades que son las que en el futuro deberán albergar una población que para el 2050 se incrementará en 27% lo que requerirá que el stock de inmuebles disponibles se duplique.
A nuestro sector, le corresponde la difícil tarea de equilibrar la respuesta a la demanda que implica el dinamismo demográfico al mismo tiempo que se hacen esfuerzos para implementar medidas de conservación de materia prima virgen, agua, energía y suelos. Necesitamos un entorno construido que apoye la regeneración de recursos y naturales sistemas, proporcionando beneficio socioeconómico a través de un próspero modelo de economía circular.
A nivel local, existen o están en proceso, varias iniciativas que tienen como objetivo propiciar la reducción de residuos y la adecuada gestión y valorización de estos. Sin embargo, el enfoque que se mantiene es el del manejo aguas abajo, es decir, cuando el residuo ya está generado y en donde la responsabilidad es de la parte que está a cargo del proceso constructivo. Sabemos que cerca del 80% de los impactos ambientales potenciales de una edificación podrían reducirse en la etapa de diseño y que en promedio 38% del carbono global de un inmueble es incorporado, es decir, proviene de los materiales y productos utilizados no solo para la construcción inicial, sino también de aquellos que son reemplazados y/o reparados a lo largo del ciclo de vida de un inmueble.
De acuerdo con datos entregados por Global ABC (UNEP), se han hecho importantes esfuerzos por reducir el carbono operacional asociado directamente a la demanda y consumo de energía y sin embargo las iniciativas que regulan promueven y financian la optimización de recursos y procesos aguas arriba son mínimas. En el documento “Zero Carbon Buildings 2050” publicado el año pasado por la Unión Europea, se reporta que con las políticas actuales, se está abordando solamente un 30% de los objetivos de descarbonización, para el 70% restante, una de las estrategias propuestas es generar instrumentos regulatorios para materiales, que incluyan requerimientos y sistemas de apoyo y fomento para análisis de ciclo de vida y en consecuencia ecodiseño (producto) y ecoeficiencia (proceso), los que son variables fundamentales en un modelo robusto de economía circular.
Implementar correctamente la economía circular como modelo económico, tendrá un impacto directo en lograr los objetivos de tener una economía baja en carbono y desacoplar nuestros indicadores de desarrollo de la explotación desmedida de recursos naturales con el consecuente daño a personas y comunidades, entonces, es momento de que en el sector, se amplíe la visión, se unifiquen esfuerzos y se establezcan consensos para generar estrategias, instrumentos regulatorios, informativos y de apoyo financiero, que incluyan los procesos extractivos, productivos y de abastecimiento para que finalmente podamos decir que estamos en el camino correcto hacia una construcción circular.
Desde hace tiempo, se ha estado discutiendo en relación con los bajos índices de productividad que tiene la industria de la construcción en Chile, a lo cual se suman las complejidades operacionales que ha traído esta pandemia y, en ambos sentidos, la idea de industrializar los procesos constructivos parece una buena solución, considerando que se asume que tiene virtudes como optimización de procesos y uso de recursos, aumento de calidad y disminución de plazos.
Pasos importantes se han dado con el surgimiento del hormigón premezclado, las armaduras fabricadas en maestranzas, entre otros, todos procesos que han aumentado la productividad y también la calidad de las obras, porque tienen mayores controles de fabricación, considerando la normativa de cada material utilizado.
Pero cuando hoy hablamos de industrialización de la construcción, estamos pensando en el proceso completo, desde su diseño hasta el término de la obra, y para ello se requiere avanzar en planificación temprana de las obras, incorporando a todos los profesionales que intervienen en el proyecto, en capacitación de mano de obra y en definición de protocolos y normativa que establezca estándares mínimos para toda la cadena productiva que interviene en el proceso y así alcanzar la eficiencia que se está buscando.
Por ello, es muy importante la incorporación de las tecnologías BIM en la administración de los proyectos, pero aquí también es necesario avanzar en normativa que estandarice su uso y definiciones, para lograr mayor transversalidad y amplitud de aplicación.
En este sentido, es muy importante el trabajo que se está realizando en el Instituto de la Construcción, a solicitud del Minvu, en el comité que está desarrollando el “Anteproyecto de norma industrialización – Principios y definiciones generales”, donde participa una amplia gama de instituciones que aportan sus distintas miradas en la redacción de un documento que establecerá los conceptos mínimos que requiere una innovación tan importante como esta para nuestra industria.
Ahora, en nuestro caso, de manera muy especial, se requiere la incorporación del ingeniero estructural en las etapas de anteproyecto, para que desde el principio pueda aportar soluciones estructurales acordes a las demandas propias de la naturaleza de nuestro entorno y que sean eficientes en el proceso industrial de construcción.
Adicionalmente, cuando la industrialización de la construcción también alcanza elementos estructurales de una obra, se requiere que dichos elementos tengan comportamiento sísmico certificado y compatible con los requerimientos de la estructura y que sus patentes comerciales permitan al ingeniero responsable y al revisor independiente de cálculo, si es que corresponde, validar estos elementos de acuerdo a las responsabilidades que la ley exige al ingeniero estructural responsable, temas que también deben ser parte del desarrollo normativo pendiente.
En este sentido, es una muy buena noticia que recientemente el MOP oficializara la norma NCh 3417 Requisitos para Proyectos de Cálculo Estructural, que define los alcances y complejidades de los servicios profesionales de cálculo estructural, la estandarización de los procesos para quienes ejercen la profesión, indicando el estándar de servicio y la forma en que se relacionan las distintas subespecialidades o áreas de especialización del cálculo estructural, e incluye expresamente los conceptos de elementos estructurales con ingeniería previa, que serían todos los elementos que una industria externa puede proveer a la estructura resistente.
Desde la ingeniería estructural, consideramos que las estructuras en Chile han tenido un muy buen comportamiento frente a los requerimientos de sus usuarios y la naturaleza, y eso se debe a buenos procedimientos de diseño y construcción, lo cual debemos cuidar y avanzar en productividad y eficiencia, sin sacrificar en lo más mínimo la calidad y respuesta dúctil de las estructuras.
El reciente Circularity Gap Report 2021 (https://www.circularity-gap.world/2021) nos muestra que la economía mundial es un 8,6% circular siendo necesario duplicar la circularidad a 17% para vivir en un mundo próspero y habitable.
Para lograr tan ambiciosa meta la industria de la construcción es fundamental.
Según la Fundación Ellen MacArthur, la industria de la construcción representa alrededor de un tercio del consumo mundial de materiales y la generación de residuos. Esto puede ser contrarrestado implementando nuevas técnicas de construcción que estén en línea con los principios de la economía circular, motivo por el cual es considerada uno de los cinco sectores claves para una efectiva transición a la economía circular.
En vista de ello, iniciativas como el desarrollo de la Estrategia de Economía Circular en Construcción lanzada por el Instituto de la Construcción, junto con la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) y el programa Construye2025 de Corfo, y con la facilitación técnica de la Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT), que pretende establecer en nuestro país una cultura de construcción circular, que permita el desarrollo sostenible, social, ambiental y económico de la industria, son fundamentales.
Pero, para aplicar los principios de la economía circular en la construcción, hay que tener en consideración tres grandes ejes:
El primero es el diseño y construcción de proyectos con atributos circulares, es decir, proyectos capaces de adaptarse a las necesidades, demandas y condiciones en constante cambio de los usuarios. Asimismo, son proyectos con la posibilidad de extender la vida útil mediante la fácil reparación y/o sustitución de componentes debido a la capacidad de desmontaje del producto y la fácil valorización mediante la deconstrucción.
El segundo es la utilización de materiales disponibles en edificios existentes, conocido usualmente como Urban Mining, con dos grandes etapas. La primera es la adecuada gestión de residuos de construcción y demolición en obra; y la otra etapa tiene relación con considerar que la infraestructura existente es una cantera de materiales, no es necesario utilizar materiales vírgenes si podemos deconstruir los edificios y reutilizar y reciclar los elementos que salgan de ellos.
Finalmente, el tercer eje es el desarrollo de nuevos modelos de negocios que permitan crear valor agregado a lo largo del ciclo de vida dentro de ciclos cerrados de materiales.
Sin duda, el futuro de la industria de la construcción será circular y no nos podemos quedar debajo de este desafío.
El patrimonio cultural es parte del desarrollo de los países y sus distintas comunidades, tal como lo ha reafirmado Chile en su Política Nacional de Desarrollo Urbano al establecer la “Identidad y el Patrimonio” como uno de los cinco ejes estratégicos en los que debe cimentarse el futuro urbano y territorial de nuestra sociedad.
Esta convicción comprende el patrimonio no solo como forma construida, sino como identidad y memoria compartida, como una estructura de valor simbólico que da sentido a lo que somos, lo que fuimos y a cómo nos proyectamos. Se trata de un ámbito dinámico en el que nos encontramos, generamos comunidad, en donde se promueve el desarrollo creativo y el diálogo. En este marco, el Estado y la sociedad en su conjunto tienen la tarea de promover acciones que permitan rescatar, administrar y construir patrimonio futuro.
Dentro de ese grupo de acciones, hay un ámbito acaso más postergado en el debate público y que sin embargo cumple un rol preponderante para vincular la dimensión conceptual con el campo concreto de los hechos: la dimensión técnica asociada a los procesos de recuperación patrimonial.
Los inmuebles patrimoniales, tal como todas las construcciones, están sometidos al paso del tiempo, a la erosión de los materiales por los efectos del clima o los desastres naturales, tales como los movimientos telúricos, especialmente en países como Chile. Debido a estas amenazas, su conservación y proyección hacia el futuro requiere procesos activos de rehabilitación y cuidado que no solo deben estar informados por conocimienitos específicos, sino que deben sustentarse en marcos normativos actualizados y pertinentes.
Por eso, tras el terremoto de 2010, en un trabajo colaborativo entre el Instituto de la Construcción y el Consejo de Monumentos Nacionales del Ministerio de las Culturas, además del aporte técnico de muchos profesionales e instituciones, se comenzó una ambiciosa iniciativa de actualización normativa que hoy, diez años después, nos permite afirmar que estamos en un escenario completamente distinto en esta importante materia.
Lo anterior, ya que en 2013 se publicó la norma chilena NCh3332 con el fin de establecer bases fundamentales para llevar a cabo intervenciones en construcciones patrimoniales de tierra cruda. La aplicación de esta norma logró darle viabilidad a proyectos de recuperación de valiosos inmuebles dañados por el terremoto de 2010, que por su sistema constructivo y material no eran factibles de llevar adelante y por lo tanto estaban detenidos.
En esa agenda continua de trabajo que llevamos junto al Instituto de la Construcción, un nuevo y relevante paso se dio en 2020, con la presentación de la norma para la intervención estructural en construcciones de valor patrimonial (NCh3389), que incluye disposiciones para edificios con tipologías constructivas en materiales que están presentes en gran parte de los inmuebles patrimoniales del territorio nacional, tales como como la albañilería, el acero, el hierro, el hormigón y la madera.
Gracias a estos avances son muchas las construcciones patrimoniales que ya no están fuera de norma, lo cual permite no solo su recuperación, sino las inversiones con fondos públicos y privados de cara a su salvaguardia. Estos logros en normativa patrimonial son un aporte concreto y decidido en la recuperación de los acervos compartidos a los cuales como sociedad hemos asignamos valor. Para hacernos una idea de este universo, cabe mencionar que en Chile la ley de monumentos nacionales y la ley general de urbanismo y construcciones protegen 1.078 monumentos históricos inmuebles, 3.717 inmuebles de conservación histórica, 146 zonas típicas y 208 zonas de conservación histórica.
Otro ámbito en el que impactarán estas normativas es el de la infraestructura cultural y patrimonial de Chile. La puesta en marcha del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio plantea el reto de la instalación de la nueva institucionalidad como un proceso asociado a la dotación equitativa en las diferentes regiones del país de infraestructura pública patrimonial y cultural, bajo estándares de calidad adecuados.
Lo anterior por cuanto en la actualidad existen importantes brechas de acceso a infraestructura cultural en los distintos territorios, especialmente en el campo de las bibliotecas, archivos, museos y depósitos. A ello se suma el potencial de estos programas de generar nuevas dinámicas urbanas allí donde se emplazan, en especial cuando se logra conjugar el uso cultural con la puesta en valor de construcciones que se ha decidido proteger como patrimonio.
Para avanzar hacia un modelo de desarrollo descentralizado y multisectorial en infraestructura patrimonial, el Ministerio de las Culturas formalizó el Plan Nacional de Infraestructura Patrimonial, que compromete un esfuerzo colectivo inédito a nivel estatal para la generación de Planes Regionales de Infraestructura Patrimonial, que serán implementados en el territorio a través de mesas presididas por los Gobiernos Regionales. Se trata de una estrategia de mediano y largo plazo que pretende traspasar los tiempos de un gobierno determinado, y que ha sido sancionada vía convenio con los ministerios de Obras Públicas y Bienes Nacionales, además de la Subsecretaría de Desarrollo Regional.
El desafío principal del Plan es disminuir en un horizonte de 10 años la brecha existente en la dotación de infraestructura patrimonial de carácter regional, instalando nuevos museos, bibliotecas, archivos y depósitos de administración del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, o bien avanzando en el cumplimiento de estándares mínimos en la edificación existente.
Como parte de este proceso se busca idealmente poner en valor patrimonio que esté en riesgo, identificando estos proyectos como una oportunidad de rescatar estructuras que de otra forma seguirían deteriorándose. El futuro Archivo Regional de Valparaíso es un ejemplo de este énfasis, por cuanto se levantará recuperando las ruinas del emblemático Palacio Subercaseaux, inmueble manzana de 1895 que hoy cuenta solo con sus fachadas, luego de la explosión e incendio de calle Serrano ocurrida el 3 de febrero de 2007. Una situación similar se da en la región de Coquimbo, donde se están realizando las gestiones para que el futuro Archivo Regional se levante en la Ex cervecería Floto, en el corazón de la zona típica de La Serena, recuperando parte de esa infraestructura industrial que es parte de la memoria local. Otro ejemplo es el proyecto en curso que el Ministerio de las Culturas, junto a la Intendencia de Ñuble y el Ministerio de Obras Públicas, están impulsando para el nuevo Museo Regional de Ñuble, en Chillán, el que se insertará en un nuevo parque y que contempla la reutilización de antiguos galpones y estructuras asociadas a las labores ferroviarias del sector.
Construir y administrar patrimonio futuro es una responsabilidad que cada generación debe hacer propia. Contar con una normativa patrimonial para estas construcciones es un paso sustancial y concreto en ese camino. Junto con ello, hay desafíos pendientes en los que es urgente avanzar, tales como una nueva legislación sobre patrimonio cultural en Chile, que permita descentralizar la gestión sobre el patrimono local- hoy todas las deciones se toman en Santiago- y sumar recursos, herramientas e incentivos para la conservación y salvaguardia del patrimonio. Ese es el horizonte del proyecto de ley que avanza en el Congreso, que está siendo ampliamente enriquecido por distintos sectores, y que esperamos que pronto pueda definir un nuevo marco de acción integral para la salvaguardia del patrimonio en Chile.