Estudios desarrollados en el marco de la Red de Economía Circular de la Construcción (Red ECC) identificaron una masa crítica de residuos de construcción y demolición capaz de abastecer tres plantas de valorización de 150 ton/hora en la Región Metropolitana. Los análisis también detectaron brechas en reportabilidad, infraestructura, financiamiento y articulación de mercado, así como oportunidades para impulsar la economía circular en el sector.

La Región Metropolitana cuenta con un volumen de residuos de construcción y demolición (RCD) suficiente para sustentar la operación de tres plantas de valorización de 150 toneladas por hora. Ese fue uno de los principales hallazgos presentados por la Red de Economía Circular de la Construcción (Red ECC), en el marco de la validación de tres estudios orientados a diseñar un modelo territorial para la gestión, valorización y aprovechamiento de residuos y recursos provenientes del sector construcción.

Los resultados corresponden a los módulos de gestión de oferta y demanda de recursos valorizables, análisis territorial y capacidades productivas, y mecanismos de financiamiento, inversión e incentivos para la valorización de RCD, desarrollados como parte de la iniciativa financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) e impulsada por una alianza público-privada integrada por Corfo, Construye2025, el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) y CDT.

“El propósito de los estudios es entender el mercado de materiales y residuos de construcción de la región Metropolitana. Básicamente, un análisis territorial de los flujos de materiales y residuos”, explicó Paola Valencia, jefa de Acción Climática y Economía Circular de EBP Chile.

Uno de los aspectos que más llamó la atención durante la presentación fue la calidad y disponibilidad de la información existente. Según indicó la especialista, actualmente solo el 30% de las constructoras de la Región Metropolitana reporta información sobre generación de residuos, mientras que en otras regiones del país la cifra alcanza apenas un 2%. A ello se suman problemas asociados a la calidad de los datos disponibles. 

Brechas y oportunidades para la valorización

El estudio sobre estimación y proyección de oferta de recursos valorizables identificó desafíos asociados a la entrega de información, la escasa desagregación de datos en los sistemas de reportabilidad, inconsistencias en los registros de SINADER y diferencias significativas entre las comunas que más reportan residuos y aquellas que concentran la mayor actividad constructiva.

Al mismo tiempo, detectó oportunidades relevantes para el desarrollo de infraestructura de valorización. Entre ellas, una importante concentración de generación de residuos en la zona norte de la Región Metropolitana y una tendencia constructiva hacia la edificación en altura, que representa el 51% de la generación de residuos del sector.

“Este encadenamiento de información nos lleva a poder prospectar, finalmente, proyectos piloto de plantas de valorización en la región Metropolitana que estén ubicados en lugares estratégicos y que respondan realmente a la oferta de residuos y también a la posible demanda que hay”, explicó Bárbara Silva, coordinadora del proyecto Red ECC.

Dependencia de materias primas vírgenes

El análisis territorial y de capacidades productivas evidenció una alta dependencia de materias primas vírgenes y cadenas de valor lineales, junto con una baja diversificación de abastecimiento y una fuerte dependencia externa en materiales como acero, yeso, poliestireno y arena sílice. También se identificaron brechas en trazabilidad, disponibilidad de información pública y capacidad de valorización fuera de la Región Metropolitana.

Entre las oportunidades detectadas destacan la sustitución de áridos naturales por áridos reciclados, el escalamiento de soluciones compatibles con hormigón y prefabricados, el fortalecimiento de la compra pública circular y la creación de hubs territoriales de valorización que permitan articular a los distintos actores de la cadena de valor.

El estudio también advierte que los costos logísticos continúan siendo una barrera relevante para la valorización, identificando que distancias superiores a 60 kilómetros reducen significativamente la viabilidad económica de estas operaciones.

Financiamiento e incentivos

El tercer módulo abordó los desafíos financieros asociados al desarrollo de infraestructura para la valorización de RCD. Entre las principales brechas se identificaron mecanismos de financiamiento que exigen avales, bajos incentivos económicos para la valorización, escasa demanda por materias primas secundarias y costos reducidos de disposición de escombros, factores que limitan el desarrollo de nuevos proyectos.

No obstante, el análisis también detectó oportunidades concretas para impulsar nuevas inversiones, especialmente en la zona norte de la Región Metropolitana, donde existe una alta demanda potencial de centros de tratamiento y valorización. Asimismo, se identificó potencial para optimizar el transporte de residuos, incorporar tecnologías modulares de valorización mecánica y desarrollar alianzas público-privadas que permitan asegurar tanto la oferta de residuos como la demanda de materias primas secundarias.

De acuerdo con Bárbara Silva, los resultados obtenidos constituyen un insumo clave para las próximas etapas del proyecto. “Ahora, desde la Red, debemos darle visibilidad a estos resultados, decantar las observaciones que se levantaron en el taller y poder entregar guías que sean útiles, que se puedan usar en cada una de las entidades y empresas para que puedan tomar mejores decisiones en torno a evaluaciones de infraestructura para la gestión y valorización de RCD, no solo en la RM, sino que también en otras regiones”, afirmó.

Los estudios forman parte del trabajo que desarrolla la Red ECC para diseñar un modelo territorial escalable que fomente la valorización de residuos y recursos, el encadenamiento productivo y la simbiosis industrial entre obras de construcción y centros de producción, habilitando nuevas oportunidades de inversión verde y compras sustentables en la Región Metropolitana.

Durante la última jornada de la Comisión Permanente del Código Modelo Sísmico para América Latina y el Caribe, los expertos recordaron los aprendizajes del terremoto del 10 de octubre de 1986 en San Salvador, analizaron los avances normativos del país y destacaron el trabajo colaborativo regional impulsado por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Instituto de la Construcción de Chile.

El último día de la 8ª Jornada del Código Modelo Sísmico para América Latina y el Caribe (CMS) estuvo dedicado a la memoria sísmica, la discusión técnica y los avances en normativas regionales. A 39 años del terremoto del 10 de octubre de 1986, la jornada comenzó con una sesión especial en conmemoración del evento, encabezada por Edwin Portillo, del comité organizador, junto a representantes de la academia y los gremios salvadoreños.

Portillo destacó: “El 10 de octubre es un evento que nos llama a una reflexión sobre muchas cosas… Nos compete a nosotros, casi 40 años después, hacer una reflexión con una óptica de qué falta por hacer”.

Durante la sesión participaron Héctor David Hernández (CASALCO), Rolando Durán (Asociación de Ingenieros y Arquitectos de El Salvador), Rodrigo Garay (Asociación de Ingenieros Estructurales y Sísmicos de El Salvador), Adolfo Ramos (UCA) y Manuel López (UES), quienes abordaron los daños estructurales del sismo, la evolución de las normativas y los desafíos en el sector vivienda.

Durán recordó que el sismo de 1986 “fue bastante violento… con intensidades altas de 8 a 9 en el centro de San Salvador” y subrayó que “la vulnerabilidad de los edificios de la época, con plantas débiles y sin criterios normativos adecuados, fue determinante en los colapsos”.

López detalló la evolución normativa del país: “Después del terremoto del 86 se hizo un reglamento de emergencia en tres meses… En 1996 nacen las normas técnicas vigentes, que el próximo año cumplirán 30 años. El Código Salvadoreño de Edificaciones (CSE) representa un avance hacia su actualización, pero falta su aprobación legal y su proceso de implementación”

Por su parte, Ginés Suárez, especialista del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), presentó la conferencia “Comparativa de códigos de construcción en Latinoamérica”, donde destacó la cooperación técnica regional y la publicación conjunta entre el BID y el Instituto de la Construcción de Chile: “Los códigos de construcción son una herramienta fundamental para la gestión del riesgo de desastres. Cada país debe tropicalizar los parámetros de diseño según sus sistemas constructivos propios”.

La ingeniera Celina Kattan (SLV), en su ponencia “Una Evaluación Global de los Códigos de Construcción”, complementó la mirada regional al exponer los avances del Código Salvadoreño de Edificaciones (CSE) y su integración con el Código Modelo Sísmico (CMS).

En la sesión técnica de la mañana también se desarrollaron los talleres:

• “Ejemplo práctico de simulación numérica del comportamiento sísmico dinámico no lineal de edificios altos en concreto”, a cargo de Horacio Nangullasmu (MEX).
  
• “Estructuración y diseño sísmico de edificios altos en Chile”, presentado por Ian Watt y Jorge Carvallo (CHL).

Por la tarde, Eduardo Miranda (MEX-USA) expuso sobre “Influencia del sitio en diseño sísmico por desempeño”, seguido de Ricardo Henoch (CHL-USA) con “Los pilares de la construcción en Estados Unidos: códigos, resiliencia y el futuro de la ingeniería estructural”. Finalmente, Óscar Ramírez (PAN) presentó la ponencia “Diseño sísmico basado en desempeño de edificios altos”.

El encuentro cerró con la ceremonia de clausura, donde Rodrigo Narváez, Secretario General del CMS, presentó la tradicional “Acta de Conclusiones y Acuerdos” que da por finalizadas las Jornadas, destacando acuerdos tales como la revisión y aprobación formal del acta por parte del Comité Ejecutivo y del Directorio del CMS AL&EC; la convocatoria a una nueva sesión para validar las propuestas técnicas y administrativas surgidas durante el evento; y el compromiso de las instituciones miembro y colaboradoras para fortalecer la difusión y colaboración interinstitucional, promoviendo además la incorporación de nuevos participantes y la búsqueda de financiamiento para futuras actividades.

En materia técnica, se aprobaron importantes avances del Subcomité Editorial, incluyendo el documento de cimentaciones, la propuesta de diseño lineal elástico y la elaboración de un nuevo documento sobre elementos no estructurales. Asimismo, se acordó intensificar la difusión de los criterios de diseño orientados a la resiliencia estructural y funcional.

Por su parte, el Subcomité VIVE obtuvo la aprobación del documento base con 18 propuestas para reducir la vulnerabilidad estructural de la vivienda informal, junto con el mandato de ampliar su representatividad e integrar sus resultados al cuerpo del Código Modelo Sísmico. También se definió la entrega de su versión final durante la próxima 9ª Jornada.

En paralelo, el Subcomité Editorial recibió la aprobación para avanzar en el diseño gráfico del CMS, la estandarización de versiones y la coordinación técnica con los subcomités de Filosofía de Diseño, Amenaza Sísmica y VIVE. Finalmente, se estableció que el Subcomité de Amenaza Sísmica asumirá el desarrollo de criterios asociados a demanda sísmica, clasificación de suelos y deformaciones últimas, en coordinación con Filosofía de Diseño.

De esta forma, la 8ª Jornada del CMS AL&EC concluyó con una hoja de ruta clara hacia la consolidación del Código Modelo Sísmico, reafirmando la cooperación regional y el compromiso técnico de sus miembros para fortalecer la resiliencia sísmica en América Latina y el Caribe.

En el Seminario Internacional “Capacidades para la Resiliencia”, organizado por AGCID, SENAPRED, JICA y la Universidad de Chile, la directora de AICE, Francisca Pedrasa, se refirió a la discusión normativa y la posible inclusión de sismos corticales dentro de estas, lo que implica un avance importante para la seguridad de nuestras estructuras, así como un avance concreto, que debería incrementarse en futuras versiones.

La ingeniería estructural en Chile está marcando un hito en el ámbito de las normas sísmicas,
en los procesos de actualización de estos últimos años. Recientemente, durante el Seminario Internacional “Capacidades para la Resiliencia”, organizado por AGCID, SENAPRED, JICA y la Universidad de Chile, la directora de la Asociación de Ingenieros Estructurales (AICE), Francisca Pedrasa, destacó el trabajo que Chile, en conjunto con otros países de la región, ha venido realizando para dar forma al Código Modelo Sísmico para América Latina y el Caribe.

Asimismo, “en 2022 empezamos a hacer un trabajo con el Instituto de la Construcción y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el marco normativo de códigos de de leyes. Dentro de todos esos hallazgos, fue de suma importancia entender que la participación de las comunidades, incluirlos en capacitaciones, en entendimiento de las normativas permite no solo generar códigos que se asocien a la comunidad real con amenazas locales, sino que además incorporarlos en estos otros procesos”, señaló Pedrasa.

En este contexto, comentó sobre la incorporación de los sismos corticales en la normativa chilena, un avance fundamental para la seguridad de las construcciones en nuestro país. Proceso que ha sido parte de las discusiones en NCh433 y la recién publicada NCh2369:2025.

La naturaleza sísmica nacional y la data existente ha hecho que, históricamente, sus normas se enfoquen en los sismos de subducción, responsables de los terremotos de mayor magnitud registrados en Chile. Sin embargo, la creciente visibilidad de fallas como la de San Ramón ha puesto en el centro de la discusión la necesidad de abordar los sismos corticales, generados por fallas geológicas más superficiales y cercanas a zonas pobladas.

Un proceso colaborativo

Pedrasa destacó que, en nuestro país, el proceso normativo que regula el diseño sismorresistente es encabezado por profesionales estrechamente vinculados, como ocurre con los ingenieros estructurales. “La participación de ministerios, del mundo privado y del mundo académico es parte del desarrollo normativo que tenemos y va siendo enriquecido en la medida en que se aúnan más colegas”, detalló la ingeniera.

En Chile, las normas sísmicas icónicas han estado ligadas a los registros históricos disponibles. Tal como señaló Pedrasa, “si bien somos un país sísmico con profesionales muy bien catalogados, nuestros recursos son limitados y nuestra información ha ido creciendo a medida que han aparecido recursos.”

Un punto de inflexión fue el terremoto de 2010, que impulsó una “explosión” en la instalación de dispositivos de medición a lo largo del país. Esta mayor disponibilidad de registros e información ha sido crucial para que los investigadores chilenos profundicen en el estudio de fenómenos sísmicos específicos, como los sismos corticales.

Los sismos corticales en la NCh2369

El gran anuncio de la directora de AICE fue la reciente publicación en el Instituto Nacional de Normalización (INN) de una actualización de la NCh2369:2025 – Diseño sísmico de estructuras e instalaciones industriales, la norma de estructuras industriales, que por primera vez incluye el concepto de sismo cortical. “Esto fue ahora en junio. Acaba de aparecer en nuestra norma y es algo que nos alegra”, afirmó Pedrasa.

Este avance establece un requisito base fundamental: si una estructura se encuentra a cierta distancia de una falla cortical, se deberá realizar un análisis especial para evaluar el impacto sísmico en su diseño. Si bien este cambio ya es parte de la norma publicada para las estructuras industriales, la buena noticia es que el mismo concepto se está trabajando para ser incorporado próximamente en la NCh433, que rige el diseño sísmico de edificios, con la expectativa de que esté listo para finales de este año.

Francisca Pedrasa subrayó la importancia del trabajo colaborativo continuo. Aunque Chile ha avanzado significativamente en la generación de datos, estudios y mejoras en la información académica, la incorporación de aspectos medioambientales y el cambio climático, el desafío reside en que toda la comunidad, desde los desarrolladores de códigos hasta el último ejecutor, aborde, trabaje y aplique estas nuevas normativas. “Tiene que ver con que todas las comunidades sean parte de los procesos”, concluyó.